WASHINGTON.- El Gobierno tomará una decisión a principios de noviembre sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Nicaragua y Honduras que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira el 5 de enero.
En una rueda de prensa hoy en Washington, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, explicó que su Gobierno debe tomar una decisión sobre los nicaragüenses y hondureños que viven en EE.UU. gracias al TPS 60 días antes de que expire, por lo que “a principios de noviembre” se producirá el anuncio.
En el caso de El Salvador, el otro país de Centroamérica con TPS, el permiso expira el 9 de marzo, por lo que hasta principios de enero no se producirá una decisión sobre ese amparo migratorio, que EE.UU. concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Para evaluar el futuro del TPS, el Gobierno está en diálogo con los Ejecutivos de los países centroamericanos y también está evaluando las condiciones sobre el terreno, indicó Lapan.
En concreto, en el caso de Honduras y Nicaragua, Estados Unidos está evaluando cómo ha mejorado o empeorado la situación tras el paso del devastador huracán Mitch, que hizo que el expresidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara un amparo para hondureños y nicaragüenses.
En concreto, Estados Unidos está evaluando las condiciones que se derivan del huracán porque eso fue lo que provocó la declaración del TPS, según explicó Lapan, quien insistió en que su Gobierno basa su revisión en el huracán y no tiene por qué tener en cuenta la violencia y pobreza de los países beneficiarios.
“Tengamos en cuenta el hecho de que el Estatus de Protección Temporal es ‘temporal’, otros Gobiernos han creado la situación en la que la gente ha prolongado su estancia en Estados Unidos durante años, pero la realidad es que debería de haberse hecho con la idea de que era algo ‘temporal'”, defendió Lapan.
Buena parte de los beneficiarios del TPS han estado viviendo en Estados Unidos durante más de dos décadas, han tenido hijos en este país y han abierto negocios, por lo que las organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que sería “cruel” expulsarles a sus países de origen.
Los Gobiernos de Honduras y El Salvador han pedido en reiteradas ocasiones a EE.UU. que extienda el TPS para sus nacionales.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
La decisión de Estados Unidos sobre el TPS impactará en 86.160 hondureños, 5.350 nicaragüenses y 263.280 nacionales de El Salvador, país que recibió el TPS en 2001 después de una serie de terremotos, según datos facilitados hoy a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, aunque ahora Estados Unidos está evaluando diferentes alternativas.
En concreto, según Lapan, existen tres opciones: Estados Unidos puede prolongar el TPS como hasta ahora, puede anunciar su final fijando una fecha posterior para su extinción o, como ocurrió con Haití, existe la posibilidad de que lo prolongue durante un breve periodo para luego revisarlo.
En el caso de Haití, en mayo, el Gobierno anunció la extensión por seis meses más del TPS para 58.000 haitianos que huyeron de su país tras el devastador terremoto de 2010.
El 22 de enero vence esa extensión para Haití, por lo que EE.UU. anunciará su decisión sobre el futuro de ese TPS a mediados de noviembre.