WASHINGTON, DC.- El Gobierno estadounidense alegó hoy “motivos de seguridad” para no reunir con sus padres a 46 niños menores de 5 años, después de no cumplir el plazo dado por la Justicia para proceder a reunificar a 103 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera con México.

“Nuestra prioridad máxima es y seguirá siendo la seguridad y el bienestar de los niños. (…) Cada paso en el proceso de reunificación es necesario para protegerlos: eliminar alguno incrementaría el margen de error”, señaló en una conferencia telefónica Chris Meekins, un alto cargo del Departamento de Salud.

Los secretarios de Salud, Alex Azar, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general, Jeff Sessions, aseguraron en un comunicado que sus procedimientos “cuidadosos” han evitado que algunos niños fueran reunidos con un “presunto asesino”, un adulto “condenado por abuso infantil” o personas que no son sus padres biológicos.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado poco antes que sí ha podido reunir a 57 menores de cinco años con sus padres, que estaban “perfectamente capacitados” para encontrarse con sus hijos.

Las familias que han sido reunificadas esta semana han sido liberadas de custodia federal, se les han instalado tobilleras de monitoreo electrónico para verificar su localización y se les ha ordenado comparecer ante un tribunal para su proceso de inmigración.

El Gobierno precisó en su nota que no ha podido reunir a 46 menores con sus padres porque éstos tienen “antecedentes criminales graves”, han sido deportados o están encarcelados, entre otras cuestiones.

De acuerdo al listado, once padres tienen “antecedentes criminales graves”, incluyendo condenas por crueldad infantil, secuestro, asesinato, contrabando humano y violencia doméstica.

En la llamada, Meekins detalló que uno de los padres es buscado por asesinato en Guatemala y otro “ha abusado sexualmente de una chica joven”.

Además, siete de los adultos que reclamaron a los bebés no eran sus padres biológicos, aunque el Departamento de Salud no quiso determinar si se trataba de familiares cercanos u otras personas.

Lo que sí puntualizó el Gobierno de Trump es que de estos siete adultos, tres admitieron que no eran los padres biológicos antes de realizarse las pruebas de ADN y otros cuatro mantuvieron su postura hasta que salieron los resultados del examen.

Por otro lado, una persona falsificó un certificado de nacimiento y otro más está siendo tratado por una enfermedad contagiosa, por lo que se consideró peligroso que su hijo volviera con él, de acuerdo al Ejecutivo.

El Departamento de Seguridad Nacional identificó también a doce padres que ya han sido deportados, nueve que están encarcelados por “otros delitos”, dos que se encuentran bajo custodia en cárceles estatales y uno que está en paradero desconocido.

En el caso de los deportados, el jefe de la Oficina de Detención y Deportación, Matthew Albence, también presente en la conferencia telefónica, apuntó que EE.UU. “no tiene ninguna obligación” de reunirlos con sus hijos.

“Si los padres quieren que los niños regresen a su país de origen, nosotros lo facilitaremos”, señaló Albence, que dejó claro que el proceso a la inversa no sucederá.

Según su relato, en el momento de ser deportados se les preguntó si querían que sus hijos les acompañaran y declinaron la oferta.

Poco después de hacerse públicos los datos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que ha liderado la batalla judicial a favor de las reunificaciones de los familiares, criticó que el Gobierno no haya cumplido con la orden del juez federal Dana Sabraw.

Sabraw determinó a finales de junio que el Gobierno debía reunificar a estas familias y le dio 14 días de plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años, que expiró este martes, y de 30 días para los mayores de esa edad.

En total, cerca de 3.000 menores han sido separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, lo que llevaba al encarcelamiento de los adultos y la consiguiente separación de sus hijos.