WASHINGTON, DC.- Las autoridades federales perdieron el rastro de casi 1.500 niños migrantes el año pasado, después de que una agencia del gobierno colocó a los menores en casas de patrocinadores adultos en distintas comunidades de todo el país, de acuerdo a un testimonio presentado el jueves ante una subcomisión del Senado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene un presupuesto limitado para vigilar el bienestar de los menores vulnerables que cruzaron la frontera sin compañía adulta, y la agencia no pudo localizar a 1.475 niños después de realizar las llamadas de seguimiento para cerciorarse de que estaban seguros, dijo un funcionario de la agencia.
Las autoridades federales fueron blanco de fuertes críticas hace dos años, después de revertir políticas de protección infantil destinadas a los menores que huían de Centroamérica a causa de la violencia. Durante una audiencia de seguimiento realizada el jueves, los senadores dijeron que las agencias no asumieron la plena responsabilidad por el cuidado de los menores y han demorado reformas vitales que son necesarias para evitar que caigan en manos de traficantes de personas.
“Son los peores tutores del mundo. Ni siquiera saben dónde están”, dijo la senadora demócrata Heidi Heitkamp. “Estamos fallando. No creo que haya una duda al respecto. Y me molesta mucho que les fallemos a los niños”.
Desde que se registró un fuerte incremento de cruces fronterizos en 2013, el gobierno federal ha colocado a más de 180.000 menores con familiares y otros patrocinadores adultos, de quienes se espera que cuiden a los niños y los ayuden a asistir a la escuela mientras se resuelve su estatus en las cortes migratorias.
Una investigación de The Associated Press en 2016 encontró que más de dos docenas de menores fueron enviados a casas en las que fueron agredidos sexualmente, mal alimentados u obligados a trabajar por poco o nulo salario. En ese entonces, no se sometía a muchos de los patrocinadores adultos a una minuciosa revisión de antecedentes, los funcionarios del gobierno rara vez visitaban las casas y, en algunos casos, no tenían idea de que los patrocinadores habían acogido a varios niños sin parentesco, una posible señal de tráfico de personas.
Desde entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés) ha incrementado su asistencia a niños en riesgo que se cree que necesitan de protección especial, y el año pasado ofreció servicios post-asignación a casi la tercera parte de los menores que entraron al país sin compañía adulta, de acuerdo a la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado.
Pero los activistas afirman que es difícil saber cuántos niños se encuentran en condiciones peligrosas, en parte porque algunos de ellos desaparecen antes de que los trabajadores sociales puedan darle seguimiento a sus casos y nunca se presentan ante la corte.
Entre octubre y diciembre de 2017, el HHS llamó a 7.635 niños que la agencia había colocado con patrocinadores, y supo que 6.075 de ellos seguían viviendo ahí, 28 habían escapado de casa, cinco habían sido deportados y 52 más vivían con alguien más. El resto estaban desaparecidos, dijo Steven Wagner, subsecretario interino de la dependencia.
El senador republicano Rob Portman le dio al HHS y al Departamento de Seguridad Nacional hasta el lunes como plazo para presentar un plan para mejorar el monitoreo.
“Estos niños, sin importar su estatus migratorio, merecen ser tratados de manera apropiada, no que se les maltrate o se les trafique”, dijo Portman, presidente de la subcomisión. “Se trata de responsabilidades”.
Portman comenzó a investigar después de que se registrara un caso en su estado, Ohio, en el que ocho adolescentes guatemaltecos fueron asignados a traficantes de personas y obligados a trabajar bajo amenaza de muerte en granjas avícolas. Seis personas ya fueron condenadas y sentenciadas a una prisión federal por su participación en la red de tráfico que comenzó en 2013.
La audiencia se realiza en momentos en los que el gobierno del presidente Donald Trump ha llamado a enmendar una ley para permitir que el gobierno envíe más niños inmigrantes de regreso a sus países de origen más rápido cuando no estén en riesgo de ser víctimas de tráfico de personas.
El gobierno también está presionando por cancelar un acuerdo en una demanda colectiva que les garantiza a los menores no acompañados ser albergados en el ambiente “menos restrictivo”, de preferencia con sus padres o algún otro familiar adulto, mientras aguardan sus audiencias ante la corte migratoria.
Asimismo, anunció el año pasado que comenzaría a arrestar patrocinadores que contrataran a traficantes para traer a sus hijos a Estados Unidos, una acción que causó escalofríos en las comunidades migrantes de todo el país.
El HHS está reexaminando su interpretación de las leyes existentes para explorar si es que la agencia es legalmente responsable por los niños una vez que salen de su programa de asignaciones, dijo Wagner.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha coordinado de manera conjunta con el HHS el cuidado, custodia y deportación de los menores no acompañados, de acuerdo al testimonio de un funcionario de Seguridad Nacional.
“El DHS ha trabajado estrechamente con el gobierno del presidente Trump y los miembros del Congreso para atender los ‘vacíos’ existentes que les permiten a los individuos explotar nuestras leyes migratorias”, dijo James McCament, subsecretario adjunto del DHS.
Una vez que un niño migrante cumple los 18 años, ya no es elegible para permanecer en instalaciones gestionadas por el HHS, y se requiere que la agencia informe al DHS si esa persona debe ser detenida o dejar en libertad. Sin embargo, el HHS únicamente pasa el reporte de uno de cada tres niños, de acuerdo a hallazgos de la subcomisión.
El número de menores que solicitan refugio en Estados Unidos no ha vuelto a los niveles del 2013, pero la creciente violencia y el narcotráfico en Honduras, Guatemala y El Salvador continúa desplazando a niños, adolescentes y familias en una migración hacia el norte.
El demócrata de mayor rango en la subcomisión, el senador Tom Carper, dijo que las agencias necesitan hacer más para evitar los abusos.
“Dado todo lo que aprendimos en 2015 y 2016, es inaceptable que sigamos siendo tan malos en seguirles el rastro a estos niños”, declaró Carper.