Dos mujeres del sur de Texas enfrentan cargos por transporte de menores no acompañados hacia EE.UU.

Policía actividades criminalesAutoridades federales en Laredo, TX, detuvieron el 20 de diciembre de 2017 a dos mujeres de México tratando de ingresar a EE.UU., a cuatro menores no acompañados. Ahora enfrentan cargos federales por tráfico humano. / Foto cortesía Departamento de Seguridad Interna de EE.UU.

LAREDO, TEXAS.-   Cargos federales fueron presentados el jueves 28 de diciembre contra dos mujeres que intentaban ingresar a territorio de Estados Unidos con cuatro menores no acompañados desde México.

Un comunicado de prensa de Seguridad Interna, indica que los cargos criminales fueron anunciados por el Fiscal de Distrito del sur de Texas, Abe Martínez. El caso está siendo investigado por la oficina de Inmigración y control de Aduanas (ICE), la unidad de investigaciones de Seguridad Interna (DHS), la Patrulla Fronteriza (CBP), y el Departamento de Policía de Laredo, Texas.

Olga Patricia Reyes, 30, de Laredo y residente en Nuevo Laredo, México, y Leslie Chavira, 25, también de Laredo, comparecieron en Corte ante el Magistrado de Estados Unidos Juez Guillermo R. Garcia el 28 de diciembre. Ambas escucharon los cargos federales por transporte de menores no acompañados, todos de México.

De acuerdo con la denuncia presentada contra Reyes el 20 de diciembre, ésta solicitó admisión a Estados Unidos en el puerto de entrada de Laredo acompañada de un menor de quien dijo era pariente suyo y que tenía su certificado de nacimiento pero luego se comprobó que ella no conocía al niño. Previamente Reyes había usado el mismo método para pasar otros tres menores no acompañados los cuales fueron encontrados en la casa de Chavira en Laredo, de acuerdo con los cargos presentados.

“Las autoridades federales trabajan conjuntamente para identificar, investigar, arrestar y someter a la justicia a personas sospechosas de tráfico humano”, dijo el agente especial a cargo de Seguridad Interna, Shane Folden. “Seguiremos utilizando nuestras autoridades fronterizas para identificar a aquellos que creen que con sus prácticas delictivas van a poner en riesgo la seguridad pública”.

Si las mujeres acusadas son encontradas culpables enfrentan una pena de hasta 10 años en una prisión federal y una posible multa de hasta $250.000.