Tucson, AZ.- Los hispanos que fueron víctimas de “perfil racial” del polémico exalguacil Joe Arpaio en Arizona tendrán hasta el 3 de diciembre para acogerse a un programa que los compensa económicamente, después de que un juez federal negara una petición para extender el plazo.

Los afectados, mayormente conductores de vehículos, deben acreditar que fueron detenidos por oficiales del alguacil del Condado Maricopa entre el 23 de diciembre del 2011 y el 24 de mayo del 2013.

La compensación depende en gran parte del tiempo que duró la detención y puede llegar hasta un máximo de 10.000 dólares por persona.

“Desde un principio sabíamos que no iba a ser fácil contactar a estas personas y desafortunadamente ahora el tiempo se acaba y la corte se negó a darnos una extensión”, dijo hoy a Efe Alessandra Soler, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

El juez federal Murray Snow negó el pasado martes 13 una petición para extender esta fecha.

El mismo juez ordenó la creación de un fondo de compensación de 500.000 dólares como una medida de castigo contra Arpaio, por desobedecer órdenes emitidas en el 2011.

La orden del juez obligaba a Arpaio a terminar con las detenciones de tráfico, que cuestionaban el estatus migratorio de conductores hispanos.

Desde diciembre de 2017, ACLU, que encabezó la demanda, por prácticas de “perfil racial” junto a otras organizaciones locales, inició una campaña para encontrar a estas víctimas.

ACLU considera que hay aproximadamente 150 personas elegibles para una compensación.

Soler índico que hasta la fecha han recibido 114 casos, de los cuales 93 se encuentran actualmente bajo proceso de confirmación; otros requieren de más información y algunos son casos duplicados.

Hasta el momento, solo una persona ha recibido una compensación de 1.095 dólares por su detención.

“Creo que la gente tiene miedo; esto responde al sentimiento anti-inmigrante que hay en el país. Las personas no quieren someter su información”, afirmó Soler.

Lydia Guzmán, activista y miembro del comité comunitario a cargo de supervisar este programa, dijo a Efe que en los próximos días iniciarán una intensa campaña informativa antes de que se cumpla la fecha límite de reclamación.

“No importa que ya no vivan en Arizona o si fueron deportados”, aseguró Guzmán.