DENVER, CO.- El Concejo de Denver aprobó por unanimidad una ordenanza municipal que limita la colaboración entre la policía local y los agentes federales de inmigración para así proteger a los inmigrantes indocumentados y refugiados de esta ciudad de las “caóticas políticas” del presidente Donald Trump.
“Con el voto unánime del Concejo Municipal, Denver envía una claro y decido mensaje a nuestra comunidad de que estamos junto las comunidades de inmigrantes y refugiados y que nos comprometemos a seguir siendo una ciudad segura y acogedora para todos”, expresó el alcalde, Michael Hancock, al conocerse el resultado de la votación.
La llamada Ley de Prioridades de Seguridad Pública transforma en ley permanente algunas prácticas ya establecidas en Denver, como la de no permitir que policías o alguaciles participen en operativos exclusivamente de inmigración o la de no detener a personas sin una orden de arresto emitida por un juez.
La nueva ley también crea un sistema para colectar y reportar tendencias de implementación de leyes federales de inmigración y su impacto en Denver, limita la información sobre inmigración que la ciudad recogerá de sus residentes y restringe el acceso a “espacios seguros” en las cárceles sin una orden judicial.
El presentar la propuesta, el concejal Paul López enfatizó que, en definitiva, la ley prohíbe que empleados locales compartan información con autoridades federales con el único propósito de hacer cumplir leyes inmigratorias y prohíbe el uso de recursos municipales o la cooperación en casos civiles de inmigración.
Pero no habrá cambios sobre el informar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre las personas alojadas en las cárceles de Denver y a punto de salir en libertad (aunque a esas personas se les dará información sobre sus derechos legales) ni en cuanto al accionar conjunto de agentes federales y policías locales en casos criminales.
“La habilidad del gobierno local para proteger y servir a todas las personas mejora cuando los miembros de la comunidad se sienten seguros al hacer denuncias, sea como víctimas o como testigos de crímenes, sin importar su estatus legal”, sostuvo Hancock.
“Para completar la ordenanza”, el alcalde también firmará una orden ejecutiva que establecerá un fondo de defensa legal y creará un grupo de trabajo para registrar cambios en las políticas inmigratorias federales.
Implementará además programas para proteger a las víctimas de crímenes sin importar su situación inmigratoria y para ayudar a las familias y niños separados por cuestiones inmigratorias en esta ciudad, en la que los inmigrantes representan el 16 % de sus 693.000 habitantes, según datos del censo.