LOS ÁNGELES, CA.- La negativa de liberar a una niña indocumentada de diez años con parálisis cerebral dejó al descubierto la práctica del Gobierno del presidente Donald Trump de ignorar la discreción procesal que favorece a inmigrantes que no representan un riesgo a la seguridad nacional, denuncian activistas.

Michael Tan, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asegura a Efe que el caso de Rosa María Hernández, arrestada la pasada semana después de una cirugía de emergencia en un hospital en Corpus Christi (Texas), es el mejor ejemplo para explicar en que situación los agentes de inmigración deben aplicar esta política.

La detención de la menor mexicana por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) generó una fuerte reacción entre los defensores de los inmigrantes que exigieron a las autoridades federales utilizar la discreción procesal para liberar a la pequeña.

El mecanismo legal permite a los oficiales liberar e incluso detener la deportación de un indocumentado que no representa un peligro para la seguridad nacional y tiene vínculos familiares en el país.

“Estas guías están siendo totalmente ignoradas en este caso, y al parecer la agencia (CBP) no está ordenando a sus agentes seguir esta medida, esto es lo más preocupante, porque los agentes se sienten con libertad de arrestar a los que ellos quieran”, advirtió Tan.

El desarrollo de los hechos confirmaría la nueva agenda de la Administración Trump sobre el uso de este mecanismo, denuncian los activistas.

Tan explicó que inicialmente pensaron que la decisión de los agentes de detener la ambulancia en la que se trasladaba de emergencia a la menor y posteriormente seguirla hasta el hospital, mantenerla vigilada y después arrestarla había sido una decisión desafortunada y un terrible error de los uniformados, pero que ante la avalancha de criticas y exigencias sería corregido.

No obstante, la negativa de CBP de liberar a la pequeña, a pesar de la amenaza de una demanda por parte de ACLU, que finalmente se presentó este martes, demuestra que la actuación fue avalada por los superiores.

“Esta detención es inconcebible: no existe justificación para este arresto, ella no representa un riesgo para la seguridad pública, y tampoco puede huir, solo tiene 10 años y tiene una discapacidad”, lamenta en declaraciones a Efe Grace Meng, Investigadora de Human Rights Watch.

Un memorando del 20 de noviembre de 2014 firmado por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, indicaba “que si bien el Departamento de Seguridad Interna (DHS) puede ejercer discreción procesal en cualquier etapa de un procedimiento de inmigración es preferible hacer uso del mecanismo tan temprano como sea posible para preservar los recursos del gobierno”.

“La intención de la Administración Trump es enviar el mensaje de ‘Vamos a arrestar a todos los indocumentados sin importar quién sea, o en que circunstancias esté’. Los agentes están en una temporada abierta”, asegura Tan.

Por su parte, Meng cree que lo más preocupante en la decisión de CBP de no utilizar la discreción procesal es la violación de los derechos de Rosa María por ser una niña.

“Las autoridades están obligadas a cuidar los intereses de la menor, que debería estar con sus padres recuperándose”, insiste.

El caso de Rosa María Hernández no es único, pues en mayo pasado agentes de CBP detuvieron una ambulancia que transportaba a Isaac Sánchez, un pequeño de cuatro meses de nacido que necesitaba una operación urgente en un hospital en Corpus Christi, Texas.

Aunque el pequeño nació en EEUU sus padres son indocumentados y fueron fichados por los agentes del CBP en un caso que avivó el debate sobre la presencia de oficiales de inmigración en lugares “sensibles” como hospitales, iglesias o escuelas, otra política que, denuncian, también ha sido ignorada.

Para el abogado Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), aunque CBP se haya negado a ejercer la discreción procesal, la presión de la comunidad y la denuncia que no están haciendo uso de este mecanismo legal puede obligar a las autoridades a dejar en libertad a la niña.

“Nuestra experiencia es que en muchos casos después del alboroto han echado mano de este recurso para incluso no deportarlos, lo que no queremos es que la comunidad se atemorice y que deje de llevar sus hijos al hospital”, dice.