PHOENIX, AZ).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva contra la Ciudad de Phoenix, contra la jefa de Policía local, Jeri Williams, así como contra oficiales involucrados en repeler una protesta durante una visita del presidente Donald Trump a Phoenix, Arizona, según se dio a conocer hoy.
“Más de 100 personas resultaron heridas esa noche, fue una actuación caótica y exagerada por parte de los policías. Este es un caso muy serio, ya que la policía no protegió los derechos constitucionales de la gente en una protesta pacífica”, dijo a Efe Marcela Taracena, coordinadora de comunicación de ACLU en Arizona.
La demanda fue interpuesta este martes, a más de un año de que se llevara a cabo la agresión contra los manifestantes durante la última visita de Trump a Phoenix, el 22 de agosto del 2017.
El reclamo se presentó en nombre de las organizaciones comunitarias Puente y Poder en Acción, así como en el de cuatro personas “violentamente reprimidas”.
“Tardamos un año en demandarlos porque estamos haciendo las cosas bien, buscamos a la gente afectada para poder entablar la demanda, y las quejas seguirán creciendo. Vamos a pedir a más gente se una a la demanda, empezaremos las entrevistas para que cuenten sus historias la semana entrante”, indicó la portavoz de ACLU.
El auto detalla que los agentes pusieron fin a la protesta pacífica con armamento pesado, incluyendo bolas de pimienta, latas de gas lacrimógeno y bastones de espuma.
El documento señala además que dispararon indiscriminadamente más de 590 proyectiles y que muchos arizonenses se fueron a casa con un trauma físico y emocional debido a las acciones policiales.
“Le tomó a la policía de Phoenix 30 minutos desde el momento en que comenzaron a dispararles ilegalmente a los manifestantes emitir una orden de dispersión. Incluso, cuando los manifestantes huyeron del ataque, los oficiales continuaron disparando proyectiles contra la multitud “, dijo Cindy Pánuco, abogada de Hadsell Stormer Renick LLP, firma que también entabló la demanda.
La letrada mencionó que los participantes únicamente querían transmitir el mensaje contra las políticas racistas y anti-inmigrantes de la Administración Trump, pero el Departamento de Policía usó la violencia para evitar que se transmitiera dicho mensaje.
“Hirieron a cientos de personas en el proceso; hasta se escuchó a un oficial de policía aconsejar a otros oficiales que se mantuvieran alejados de los partidarios de Trump y cerca de los antiTrump.
Otro oficial de Phoenix describió a los seguidores de Trump como ‘tranquilos’, en relación con los manifestantes antiTrump, quienes aseguró el oficial fueron pagados para estar allí”, comentó.
Por su parte, Carlos García, director ejecutivo de Puente Arizona, dijo que trabajaron “incansablemente” para asegurarse de que la protesta fuera pacífica y segura.
“La protesta pública es una de las pocas formas en que las comunidades marginadas, incluidos los inmigrantes y las personas ‘de color’ deben hacer oír su voz”, expuso.
“¿Cómo se sentirán seguros nuestros miembros en actividades de libertad de expresión en el futuro, cuando saben de la violencia de la que es capaz la policía de Phoenix? No podemos dejar que nuestro discurso se enfríe por el comportamiento ilegal de la policía”, argumentó García.
Los demandantes piden al tribunal que prohíba a la policía local usar fuerza excesiva contra los manifestantes en el futuro.
También intentan resarcir daños para todas las personas cuyos derechos de protesta, bajo la Primera Enmienda, fueron violados por la dispersión violenta de una manifestación pacífica.