LOS ÁNGELES, CA.- A pesar de la reciente aprobación de la ley SB 54, que convirtió a inicios de mes a California en un “estado santuario” para los indocumentados, una inmigrante fue detenida en la ciudad de Rancho Cucamonga por vender elotes en la calle y ahora enfrenta su deportación, según denuncian activistas.
“Esta es una clara violación al Trust Act (Ley de Valores, SB 54)”, dijo a Efe Benjamin Wood vocero de Pomona Economic Opportunity Center, que calificó de “desafío” el comportamiento del alguacil del condado de San Bernardino, John McMahon.
Wood lamentó que tanto McMahon como otros alguaciles se hayan opuesto “desde el inicio a esta ley y ahora se están ensañando contra los más débiles, y dando ordenes a sus oficiales a cometer estos atropellos”.
El arresto de la mexicana Marcelina Ríos el pasado 13 de octubre mientras vendía elotes en un parque de la ciudad de Rancho Cucamonga, una ciudad al este del Condado de Los Ángeles, desató el enojo de los activistas y denuncias, en el primer caso de este tipo conocido tras la firma de la SB 54 8 días antes.
Jacob Bailey, del Departamento del Alguacil de San Bernardino (SBSD), dijo a Efe que la inmigrante fue detenida después de haber sido sancionada con tres multas por vender sus productos en lugares públicos sin tener un permiso, un delito menor según los códigos de la ciudad.
“A la cuarta vez tenemos que detenerla “, aseguró Bailey.
La mexicana, madre de cuatro menores nacidos en Estados Unidos, salió de la cárcel cerca de la media noche para encontrarse con los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que la arrestaron.
Lauren Mack, vocera del ICE en el Sur de California, confirmó a Efe el arresto de Ríos, y aseguró que la inmigrante se encuentra en el Centro de Detención de Inmigrantes de Adelanto.
“Estamos haciendo hincapié en este caso porque es el claro ejemplo del temor que quieren infundir entre nuestra comunidad, y que no respetan las leyes del estado”, insistió Wood.
La ley SB 54 extiende a nivel estatal las protecciones de las “ciudades santuario”, aquellas que decidieron no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en la persecución de inmigrantes en situación irregular.
Además, la SB 54 elimina casi por completo los casos en los que las autoridades locales y estatales pueden dedicar sus recursos a labores de inmigración, una competencia federal que los cuerpos de seguridad de California dejan, en la práctica, en manos de Washington.
Desde que se propuso la ley SB54, McMahon se opuso a la ley, así como sus homólogos del condado de Orange y Los Ángeles, entre otros.
Pablo Alvarado, director de La Red Nacional de Jornaleros (NDLON), ya había advertido sobre el hecho de que los departamentos del alguacil usarían estrategias para no ejecutar la medida que supuestamente protege a los indocumentados.
“La ley no significa que los alguaciles van a cumplir, por eso tenemos que denunciar los casos por pequeños que sean”, advirtió.
No obstante, Jodi Miller, vocera del SBSD, negó a través de un comunicado las acusaciones aseguró que “el Departamento cumple totalmente con la Trust Act, que requiere que las agencias policiales de California notifiquen a todos los presos cuando el ICE solicita una entrevista, emite una orden de detención migratoria y pide información a cualquier preso”.
La familia de Ríos no quiso denunciar en público el caso de la mexicana por miedo a posibles represalias.
“No podemos dejar que la retórica de terror de la administración Trump se apodere de nuestras comunidades, tenemos que mantenernos unidos y en pie de lucha”, insistió Wood, quién junto a los activistas del área planean protestar por este caso.