La Corte Suprema dio a conocer los temas que abordará este mes, entre los cuales hay dos que impactan a los inmigrantes y viajeros a los Estados Unidos.
Sin embargo, uno de los asuntos que discutirán los jueces es sobre los “Centros de detención” para indocumentados, un tema que abordó en noviembre pasado, pero sobre el cual no tomó una decisión, para que los inmigrantes fueran tratados como cualquier ciudadano estadounidense y enfrentar sus casos en libertad.
Los jueces ya evaluaron este caso sobre centros de detención en noviembre de 2016, poco después de que el presidente Donald Trump ganara las elecciones, pero no pudieron alcanzar un veredicto.
El caso cuestiona si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.
El rostro del caso es Alejando Rodríguez, un hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en Estados Unidos.
El Supremo comenzó hoy su nuevo curso judicial con gran cantidad de casos por decidir, entre los que destaca el veto migratorio a musulmanes y refugiados del presidente Donald Trump, así como otros más curiosos, como el de un cocinero de tartas y otro sobre celulares.
Como cada primer lunes de octubre, los nueve jueces del alto tribunal, cinco nombrados por presidentes republicanos y cuatro por demócratas, celebraron su primera reunión y dieron por inaugurado un nuevo curso judicial, lleno de casos divisorios que podrían decidirse con un solo voto.
Los magistrados tienen previsto hoy celebrar su primera audiencia para estudiar un importante caso sobre derechos laborales y en el que deben decidir si los empleados de una compañía pueden interponer demandas de manera conjunta o si, por el contrario, la empresa tiene derecho a resolver las disputas de manera individual.
Este es solo uno de los 32 casos que, hasta el momento, han decidido atender los magistrados y entre los que destacan otros cuatro.
El veto de viajes
Aunque los jueces suspendieron una audiencia prevista para el 10 de octubre, aún deben evaluar la legalidad del veto migratorio que el presidente Trump promulgó en marzo para prohibir temporalmente la entrada a EEUU de refugiados y nacionales de seis países musulmanes.
Los jueces cancelaron la vista después de que Trump emitiera unas nuevas directivas para sustituir su veto e impusiera restricciones a ciudadanos de ocho naciones: Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, país este último en el que se verán afectados algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
La nueva fecha clave en este carrusel es el 5 de octubre, la fecha límite que tienen las partes para entregar al Tribunal Supremo escritos sobre las nuevas directivas.
Los pasteles y la libertad religiosa
Uno de los casos que más revuelo ha levantado es el de Jack Phillips, un cocinero del estado de Colorado que se niega a cocinar tartas y dar servicios de cáterin en bodas de parejas del mismo sexo porque considera que esas acciones violan su derecho a la libertad religiosa, protegida por la Constitución.
El Gobierno de Trump ha intercedido a favor del cocinero ante el Tribunal Supremo y defiende que Colorado está violando su libertad religiosa al obligarle a participar en bodas de parejas del mismo sexo, puesto que él es cristiano y no acepta este tipo de uniones.
El Tribunal legalizó el matrimonio gay en junio de 2015, pero actualmente no existe una ley federal que obligue a negocios privados a prestar servicios a sus clientes, por lo que el veredicto determinará cuáles son las reglas que deben regir en el ámbito empresarial con respecto a las parejas del mismo sexo.
Los mapas electorales
Los jueces celebrarán mañana mismo una audiencia para estudiar si trazar mapas electorales con el objetivo de beneficiar al Partido Republicano o al Demócrata va contra la Constitución, un caso clave que podría impactar en el resultado de futuras elecciones legislativas.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo se ha posicionado solo en casos donde pudo probarse que el trazado de mapas electorales buscaba reducir la influencia de las minorías hispana y negra.
Nunca, hasta la fecha, ha determinado que sea inconstitucional manipular los mapas electorales con el fin de favorecer la victoria de un partido por encima de otro, técnica conocida como “gerrymandering”.
Privacidad en la era digital
Los jueces del Tribunal Supremo encararán durante este curso un importante caso que podría determinar cuáles son las reglas para vigilar a un ciudadano en la era digital.
Deben decidir si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía pueden acceder sin una orden judicial a la información que recopilan las compañías de telefonía para conocer la ubicación de un sospechoso o si, por el contrario, deben conseguir que un juez les otorgue un permiso oficial.