OMAHA, NE.- Funcionarios federales no están dando muchos detalles sobre cómo escogieron a una empresa emergente de Nebraska para erigir un segmento del muro fronterizo en California con un costo de 11 millones de dólares. La empresa en cuestión está relacionada a una constructora con “varias posibles señales de fraude”, según una auditoría de gobierno.
El demócrata de mayor rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) respuestas sobre la evaluación que usaron el año pasado para escoger a SWF Contractors, de Omaha, para el trabajo.
La empresa, fundada el año pasado con un solo empleado, se escindió de Coastal Environmental Group, con sede en Nueva York, que ha sido demandada varias veces por no pagar o pagar menos de lo debido a subcontratistas.
“Al parecer el DHS dio la licitación a una compañía recién formada con conexiones cuestionables y realizar la debida diligencia previa”, dijo el representante de Mississippi Bennie Thompson en una misiva enviada a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.
“Por apresurarse a construir un tramo del muro del presidente Donald Trump, una empresa con un historial de mala administración y derroche de fondos públicos podría terminar construyendo un segmento de este muro”, agregó.
La oficina de Thompson dijo que hasta el viernes no había recibido respuestas a sus preguntas.
El muro en la frontera de México con Estados Unidos fue una promesa central de la campaña de Trump. El contrato con SWF es solo por un tramo del gran proyecto, alrededor de 3,2 kilómetros (dos millas) de barreras en la frontera de Calexico, en California, con México.
Una auditoria interna del departamento del Interior realizada en 2016, que fue obtenida por The Associated Press a través de un pedido conforme la Ley de Libertad de Información, halló que Coastal tuvo problemas de flujo de dinero en efectivo y violó requisitos federales para pagar a los trabajadores rápidamente.
Esos problemas fueron citados incluso antes de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre contratara a la compañía en 2013 para limpie dos santuarios de vida silvestre tras el paso de la súper tormenta Sandy.
Si los funcionarios del gobierno hubieran identificado esos problemas, dice el informe, “probablemente no hubiéramos contratado a (Coastal), y así hubiéramos evitado los numerosos problemas que tuvimos con esos contratos”.