CHARLOTTE, NC.- Con gran frustración y tristeza, Juan José Guevara, de 20 años, enfrentó la mañana del sábado 4 de noviembre la noticia filtrada por The Washington Post sobre la recomendación del Departamento de Estado para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para centroamericanos y haitianos.
Con tan solo tres años Juan José llegó al país junto a su familia, donde fue cubierto por el TPS otorgado a los salvadoreños tras los terremotos que sacudieron al país en 2001.
La cobertura de este beneficio le ha permitido a Juan José acceder a un colegio comunitario en Charlotte, Carolina del Norte, pagando tarifas como residente local, lo que le ha facilitado adelantar sus estudios para lograr sus sueños de ser ingeniero.
“Si el gobierno realmente aplica esta recomendación esto significa muchas cosas para mí y para mi familia. Yo perdería mi estatus legal, mi trabajo y la relativa tranquilidad que me da el hecho de tener un documento que me proteja de la deportación”, dijo entre lágrimas y frustración a inmigración.com
La recomendación
“El Departamento de Estado recomendó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413.500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense”, informó The Washington Post.
Según la nota publicada por el periódico, que cita fuentes anónimas, la recomendación fue girada esta semana al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargado de tomar la decisión sobre este beneficio y hacerla pública el lunes 6 de noviembre para los amparados al TPS de Honduras y Nicaragua. Los salvadoreños, al menos unos 195.000, esperan su respuesta el 9 de enero próximo.
En la información filtrada a este medio se destaca que los problemas socioeconómicos que enfrentan los países centroamericanos bajo el TPS no están relacionados a las razones por las que éstos fueron concedidos en su respectivo momento.
Reacciones
Ana Miriam Vásquez, presidenta de UNISAL, la organización de salvadoreños en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que un promedio de 3.000 beneficiarios del TPS se encuentran residiendo en la zona metropolitana de Charlotte y que la mayoría de tepesianos son empresarios que contratan entre cinco y hasta 50 empleados, en promedio.
“Tenemos empresarios en todas las áreas, la mayoría en la construcción, pues en Carolina del Norte esta industria ha tenido un boom increíble, pero también tenemos gente en el área de restaurantes y sectores empresariales que generan empleo y que anualmente mueven como mínimo un cuarto de millón de dólares por negocio”, dijo Vázquez a inmigración.com
La activista agregó que desde que el TPS fue concedido a sus connacionales su organización ha trabajado de cerca con ellos en el proceso de completar las aplicaciones cada 18 meses, actividad que ha sido consistente durante los casi 16 años que llevan amparados bajo este beneficio.
“Cancelar el TPS significaría que 195.000 salvadoreños y sus familias quedarían desprotegidos y con ellos, sus familias lo que podría afectar a cerca de un millón de personas tanto aquí en Estados Unidos como en El Salvador”, destacó Vázquez.
El impacto económico de la cancelación del TPS podría medirse en “trillones”, dijo la activista, quien recientemente asistió al foro “Contribuciones de los Salvadoreños con TPS a la sociedad americana”, celebrado en Washington DC el pasado 3 de noviembre bajo la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
“Ahí se expuso cómo las contribuciones de los tepesianos han ayudado millonariamente a programas como Medicare o al Seguro Social en la última década. También se destacó las industrias en las que nuestros connacionales tienen una fuerte presencia”, dijo Vásquez.
Por su parte, el hondureño Jorge Medina, quien por años ha ayudado a sus connacionales a tramitar solicitudes de renovación al TPS, dijo a inmigración.com que de acuerdo con información que ha recibido desde el Gobierno hondureño, el TPS para ese país podría ser prorrogado solamente por seis meses más.
Agregó que su gobierno ha adelantado también gestiones para buscar alternativas de legalidad para sus connacionales, quienes desde 1999 cuentan con el TPS luego del paso devastador del huracán Mitch por ese país centroamericano.
“La última palabra aún no ha sido dicha y creo que tanto nuestro gobierno como los que estamos en este país debemos mantener la defensa de este programa a través de la gestión legislativa”, agregó Medina.