PHOENIX, AZ.- Los jueces de la Corte Suprema de Arizona escucharon hoy argumentos sobre si los jóvenes amparados por la Acción Diferida (DACA) son elegibles para colegiaturas universitarias reducidas, opción que el estado insiste en negarles al considerar que carecen de residencia legal en el país.
Ante un panel de siete jueces, el estado de Arizona indicó que el programa DACA no otorga un estatus migratorio legal, y que por lo tanto los denominados “soñadores” no son elegibles para recibir colegiaturas como residentes.
“Los soñadores ya demostramos que tenemos el derecho a tener las licencias, ahora sabemos que también obtendremos las colegiaturas”, dijo a Efe Karina Ruiz, presidenta de la Coalición del Acta Sueño en Arizona (ADAC), refiriéndose a la importante victoria que tuvieron el pasado marzo cuando la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. mantuvo una decisión que les otorgar el derecho de obtener licencias de conducir en Arizona.
“Es una cuestión de racismo (…), se demostró en el caso de las licencias que DACA otorga un estatus legal, no veo la necesidad de que el estado de Arizona insista en querer negar la posibilidad de que nuestros jóvenes se eduquen”, dijo Ruiz, quien vivió los efectos de la Ley 300, aprobada en 2006, ya que le tomó 12 años terminar su licenciatura en Bioquímica por los altos precios que tuvo que pagar. La Ley 300 obligó a los estudiantes indocumentados de Arizona a pagar altas colegiaturas en universidades y colegios universitarios estatales.
Se estima que en la actualidad hay aproximadamente 2.500 estudiantes con DACA en colegios comunitarios a través del estado y cerca de 300 en universidades estatales.
La decisión de los jueces determinará si los jóvenes estudiantes con DACA podrán pagar colegiaturas como residentes en Arizona o deberán pagar como estudiantes extranjeros, lo que representa una gran diferencia monetaria.
Si un estudiante residente de Arizona paga en la universidad aproximadamente 7.000 dólares el semestre, un estudiante extranjero paga el doble.
Los estudiantes con DACA no son elegibles para becas federales.
Rosa Martínez, estudiante de la Universidad de Arizona en Tucson, dijo a Efe que si le niegan la colegiatura como residente no le quedará otra vía para pagar por su educación.
“Sería un golpe muy duro para mí y para mi familia, quizás tendría que irme a otro estado”, sostuvo.
Los jóvenes con DACA en Arizona llevan a cabo una doble lucha después de que el Presidente Donald Trump anunciara el final del programa el año pasado.
Ahora luchan a nivel nacional por buscar la aprobación de una legislación federal que les otorgue una residencia permanente y a nivel estatal, tratando de mantener colegiaturas como residentes.
Los jueces de la Suprema Corte de Arizona pidieron ser informados de la fecha límite para que se establezcan las colegiaturas que serán pagadas durante el próximo semestre, que comienza en agosto. En el 2006, los votantes aprobaron la Ley estatal 300 que niega la posibilidad de pagar colegiatura como residentes a cualquier estudiante que no tenga un estatus migratorio legal en los Estados Unidos, sin importar cuantos años hayan vivido en Arizona y si es graduado de escuelas locales.
Sin embargo, Mary O’ Grady, abogada que representa a los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa en la demanda, aseguró que esta Ley no tiene una exacta definición de lo que significa poseer un “estatus legal”, aunque el permiso de trabajo que el gobierno federal otorgó a los beneficiados de DACA es un documento aceptado por el estado de Arizona para probar un estatus legal.
Por su parte, el estado asegura que en 1996 el Congreso federal aprobó dos legislaciones que definen cuáles inmigrantes son elegibles para recibir beneficios públicos y permite a los estados definir esta elegibilidad, lo que les otorga una “presencia legal”.
Arizona argumenta que la definición de “presencia legal” no es lo mismo que un “estatus migratorio legal”.
Cuando en el 2012 el entonces presidente Barack Obama anunció el programa de DACA para jóvenes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, protegiéndolos de la deportación y otorgándoles un permiso de trabajo, los Colegios Comunitarios de Maricopa comenzaron a otorgar colegiaturas como residentes del estado a los beneficiados del programa.
Después se unieron las universidades públicas, lo que originó que este estado interpusiera una demanda argumentando que se estaba violando la Ley estatal 300.
En el 2015, una corte falló a favor de los “soñadores”, pero otra de apelación revirtió esta decisión el año pasado, por lo que ahora el caso se encuentra ante la Corte Suprema del Estado de Arizona.