SAN FRANCISCO, CA.- La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca retener la entrega de recursos a las “ciudades santuario” que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración es inconstitucional, dijo el miércoles una corte federal de apelaciones.
En un fallo 2-1, la Corte de Apelaciones del 9no Circuito dijo que la orden rebasa la autoridad del presidente.
“Sin una autorización del Congreso, el gobierno no puede redistribuir o retener recursos adecuadamente asignados para alcanzar su propios objetivos políticos”, escribió el juez principal Sidney Thomas en nombre de la mayoría.
Sin embargo, Thomas también señaló que no había evidencia suficiente para apoyar una prohibición a nivel nacional contra la orden y regresó el caso a la corte de menor instancia para que efectúe más audiencias sobre ese aspecto.
Un correo electrónico dirigido a un portavoz del Departamento de Justicia no fue contestado de momento.
El juez federal William Orrick dijo en noviembre que la orden ejecutiva amenazaba a toda la financiación federal y que el presidente no tenía la autoridad de imponer nuevas condiciones a un gasto aprobado por el Congreso.
El fallo derivó de las demandas interpuestas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara. La medida ejecutiva podría poner en peligro la entrega de recursos por cientos de millones de dólares a ambos condados, señaló Orrick, quien señaló que las declaraciones de Trump y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, eran evidencia de los alcances de la orden.
El gobierno de Trump dijo que la orden afectaba recursos por una cantidad relativamente pequeña que ya obligaba el cumplimiento de la ley de inmigración.
El abogado del gobierno, Chad Readler, había dicho a Orrick que la orden afectaba solo tres subvenciones de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional por menos de un millón de dólares para Santa Clara y posiblemente ningún dinero para San Francisco.
Durante los argumentos expuestos en abril ante el 9no Circuito, Thomas preguntó que se supone que la corte debía hacer con las declaraciones de Trump y su gobierno sobre las pretensiones de retener la entrega de recursos a las ciudades santuario.
Thomas también preguntó si la orden sería constitucional si se aplicara a todo tipo de financiaciones, como la destinada a los jueces de tribunales de menor instancia.
Readler dijo que la orden no tenía tanto alcance, y que los jueces no deberían concentrarse en los comentarios del presidente ni en los de funcionarios del gobierno.
La orden ejecutiva se inscribe en la campaña del gobierno de Trump para sancionar a las ciudades y estados que en términos generales desacatan solicitudes de las autoridades federales de inmigración.
El gobierno ha demandado a California por tres leyes que protegen a los inmigrantes que viven sin permiso en el país. También ha maniobrado para impedir la entrega de subvenciones cruciales de seguridad pública a ciudades y estados santuario.
El gobierno de Trump afirma que las jurisdicciones santuario permiten el regreso de delincuentes peligrosos a las calles.