Inmigración

Congresistas hispanos presentan una nueva propuesta para proteger “dreamers”

Luis Gtez HopeAct

Un grupo de congresistas demócratas hispanos presentó hoy un nuevo proyecto para proteger de la deportación a los "dreamers", o jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores, con el nombre de American Hope Act (o 'Ley de Esperanza Americana'). Foto EFE/ARCHIVO

WASHINGTON.- Un grupo de congresistas demócratas hispanos presentó hoy un nuevo proyecto para proteger de la deportación a los “dreamers”, o jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores, con el nombre de American Hope Act (o ‘Ley de Esperanza Americana’).

Se trata de la cuarta propuesta de este tipo presentada este año en Washington, y es la más avanzada de las elaboradas por los demócratas hasta ahora, lo que complica la posibilidad de que salga adelante dada la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.

El nuevo proyecto protegería a jóvenes que entraron antes del 31 de diciembre de 2016 a Estados Unidos, y favorecería a aquellos que lo hicieron al menos cuatro años antes de la eventual promulgación de la ley en 2012, lo que supondría poder elevar la cifra de posibles beneficiados hasta 1,8 millones.

La propuesta fue presentada por el congresista Luis Gutiérrez, de Illinois, quien estuvo acompañado por Nancy Pelosi, de California, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

“Estos jóvenes son tan estadounidense como ustedes, nosotros y yo”, indicó Gutiérrez en una rueda de prensa desde el Congreso.

El congresista de origen puertorriqueño destacó que esta propuesta legislativa es la que cuenta con un mayor apoyo de las presentadas hasta ahora, puesto que ha sido respaldada “por más de un centenar de congresistas”.

Por su parte, el legislador Rubén Kihuen, que representa a Nevada, subrayó que él también fue “indocumentado” y esta propuesta “es un camino para regularizar el estatus legal y obtener la ciudadanía para jóvenes como yo”.

Con este anuncio, los demócratas buscan aumentar la presión sobre el Gobierno de Donald Trump para que garantice la continuidad del programa DACA, ya que aunque el mandatario no la ha revocado, se encuentra en una situación de limbo y atacado por el sector más duro del partido republicano.

El pasado mes de junio, diez estados, liderados por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, urgieron al Gobierno a que elimine el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y amenazaron con presentar una demanda judicial en el caso de que no se cancele antes del próximo 5 de septiembre.

Trump ha dicho repetidamente que quiere “usar su corazón” para resolver el problema de DACA, y asegurado que es uno de los temas más difíciles con los que se enfrenta, pero no ha tomado una decisión al respecto.

Sin embargo, su fiscal general, Jeff Sessions, aseguró hace unos meses que no se podía “prometer a aquellos que están de forma ilegal en el país que no vayan a ser deportados”, lo que elevó la preocupación y arrojó dudas sobre el futuro de los dreamers.

La Acción Diferida, por la que cientos de miles de jóvenes indocumentados evitaron la deportación a sus países de origen, fue rubricada por el entonces presidente, Barack Obama, el 15 de junio de 2012.

Fue una las medidas unilaterales tomadas por Obama ante la falta de acción del Congreso para ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria integral, que pudiera solucionar el estatus legal de los 11 millones de personas sin papeles que se calcula viven en el país.

Gracias a esa decisión, 780.000 jóvenes inmigrantes, que llegaron a EEUU con sus padres siendo unos niños y reconocen este país como suyo, han podido obtener permisos de trabajo y residencia, un alivio para evitar la deportación a sus países de nacimiento, para ellos desconocidos.

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