CHICAGO, IL.- Algunas acuden a los tribunales, otras modifican sus políticas. Las ciudades santuario de todo el país están reconsiderando su actitud hacia la inmigración ilegal a la luz de la amenaza del presidente Donald Trump de retener fondos federales si no colaboran con su campaña contra los extranjeros sin permiso de residencia.
Trump dice que retirarles fondos a las ciudades santuario que amparan a los inmigrantes sin autorización será una de sus prioridades. Describe como ciudad santuario a toda urbe que no coopera plenamente con las autoridades inmigratorias, aduciendo que ofrecen refugio a delincuentes.
Esas localidades, no obstante, no se quedan cruzadas de brazos.
Más de media docena de ellas han acudido a los tribunales, incluida California, que se incorporó el lunes a esa lista y es el primer estado que da ese paso. Líderes de Baltimore y Las Vegas han estado tratando de demostrar que no tienen políticas de santuario para poder recibir fondos federales. Algunas municipalidades han tratado de ajustarse a las normas federales.
El resultado de todo esto es una creciente confusión, problemas presupuestarios, preocupación sobre la delincuencia y más tensiones para los inmigrantes con permiso de residencia. Numerosos expertos pronostican que habrá más demandas y revuelo.
“No hay claridad”, afirmó Yucel Ors, directora de un programa de seguridad pública de la Liga Nacional de Ciudades. “Cuando preparas presupuestos o esperas fondos, se hace muy difícil determinar cuáles van a ser tus recursos, especialmente en el campo de las tareas policiales”.
Las políticas tipo “santuario” existen desde hace décadas. No hay una definición específica de lo que constituye el término “santuario”, pero alude a políticas tolerantes con las personas que viven en el país sin permiso de residencia e incluyen a veces una cooperación limitada con las autoridades y la prohibición de que la policía haba preguntas sobre el status inmigratorio de una persona durante paradas por cuestiones de tráfico.
Hay unas 200 ciudades y condados santuario en el país, algunas de las cuales, como el condado de Miami-Dade en la Florida, que han cambiado sus políticas hacia la inmigración para ajustarse a lo que quiere el gobierno nacional. Otras consideran hacer lo mismo.
Pero la reacción dominante ha sido plantársele firme al gobierno. Hay demandas sobre la constitucionalidad de las medidas del gobierno en el condado Santa Clara de California, en San Francisco, Seattle y dos ciudades del área de Boston.
En un tribunal federal la semana pasada Chicago cuestionó las nuevas condiciones para la entrega de fondos relacionados con la seguridad pública, incluidas la de una estrecha cooperación con las autoridades federales y acceso a las cárceles. Chicago, ciudad santuario desde la década de 1980, dice que esos requisitos son inconstitucionales.
El alcalde de Chicago Rahm Emanuel, que fue secretario de la presidencia bajo el gobierno de Barack Obama, dijo que las actitudes agresivas y la retórica de Trump dificultan la tarea de la policía y pueden hacer que los inmigrantes no denuncien delitos.
“El Departamento de Justicia de Trump…. le pide a Chicago que elija entre nuestros valores básicos como ciudad que le abre sus brazos a los visitantes y nuestros principios básicos para vigilar la comunidad”, declaró Emanuel en una recienten conferencia de prensa. “Es una opción falsa, errónea. Chicago no dejará que nuestros policías sean peones en un debate político”.
En respuesta, el secretario de Justicia Jeff Sessions redobló la apuesta y acusó a Chicago de adoptar “deliberada e intencionalmente” normas que obstruyen el sistema de inmigración.
A nivel nacional, el gobierno federal entregó unos 264 millones de dólares para actividades policiales de un fondo Byrne JAG a más de 1.000 entidades el año. A Chicago le correspondían 2,3 millones de dólares, parte de ellos para comprar vehículos policiales.
La disputa con las ciudades santuario derivó en un caos en muchas urbes y localidades que dicen que están siendo tildadas de santuario indebidamente.
Aproximadamente un millón de dólares destinado al condado Clark de Nevada estuvieron en el aire hasta este mes. El condado tuvo que presentar un informe de 108 páginas explicando el funcionamiento de la policía de Las Vegas para demostrar que no hay razón para que le suspendan la partida.
Las autoridades de Baltimore quedaron anonadadas cuando recibieron en agosto una carta diciendo que no reunían los requisitos para recibir fondos de otro programa policial. La ciudad no se declaró formalmente santuario y sus prisiones son manejadas por el estado de Maryland, no por la municipalidad. Tiene hasta el viernes para justificar esa partida.
Albuquerque, en Nuevo México, recibió una notificación similar. La ciudad dejó de lado las políticas tipo santuario hace años, pero este año fueron aprobadas medidas simbólicas que le tienden una mano a los inmigrantes. Y hace poco rechazó una propuesta de mayor cooperación con las autoridades del servicio de inmigración.
Miami-Dade cambió sus políticas este año y dijo que acatará los pedidos de mantener detenidos por cierto tiempo a las personas para que puedan pasar a manos de las autoridades del servicio de inmigración. La nueva política fue cuestionada en los tribunales por la Unión de Libertades Civiles.