WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó hoy el veto sobre una norma que impedía a los jóvenes indocumentados poder acceder a una licencia de conducir en el estado de Arizona.
El alto tribunal rechazó revisar la posición adoptada por un juez federal, que se había opuesto a la norma impulsada desde el Ejecutivo estatal después de que en 2012 el entonces presidente Barack Obama aprobara el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según informaron medios locales.
Fue entonces cuando la exgobernadora de Arizona Jan Brewer decretó que en su territorio se dejaran de expedir licencias a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños y que son conocidos como “soñadores”.
DACA es el programa que protege a los “soñadores” de que sean deportados y que incluye, entre otros aspectos, que ellos puedan acceder a un permiso de conducir.
En septiembre del año pasado el plan fue cancelado por el presidente del país, Donald Trump, cuando amparaba a 690.000 personas, y se ha convertido en uno de los principales escollos en las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar los presupuestos federales en el Congreso.
En Arizona, cerca de 20.000 de estos jóvenes disponen de una de estas licencias o una identificación estatal.
En junio de 2017, una coalición de organizaciones que luchan a favor de los derechos de los indocumentados amparados bajo la Acción Diferida solicitaron a la Corte Suprema federal que reafirmara el posicionamiento previo que había otorgado a los “soñadores” el derecho a obtener permisos de conducir en Arizona.
Con la decisión de hoy, el Supremo se pronunció por segunda vez en menos de un mes en contra de ser partícipe del debate sobre DACA después de que propinara un revés al Gobierno al dejar con vida el mismo programa migratorio a finales de febrero.
Trump había recurrido una decisión de un juez federal que había instado a la Administración a seguir aceptando peticiones de renovación de DACA hasta que se concrete una salida a los cientos de miles de indocumentados en el país, una posición reafirmada por la corte.