MIAMI.- La conferencia episcopal de EE.UU. (USCCB, en inglés) ha pedido al presidente Donald Trump y al Congreso federal que, lejos de cancelar la Acción Diferida como se teme pueda ocurrir en los próximos meses, den una “protección permanente” a los jóvenes indocumentados que este programa ampara.
“Insto a la Administración a que mantenga el programa DACA y a que se asegure públicamente de que los jóvenes de la DACA no son prioritarios para la deportación”, indica en un comunicado el presidente del Comité de Inmigración de la USCCB, el obispo de Austin (Texas), Joe S. Vásquez.
Pero Vásquez va más allá y pide al Congreso que encuentre una “solución” bipartidista para los jóvenes indocumentados “lo antes posible”.
Para ello, apunta a la “urgencia moral” de firmar una reforma migratoria integral “justa y compasiva” para podría beneficiar a los cerca de once millones de indocumentados que se calcula residen en el país.
La USCCB ha salido así al paso a la exigencia del pasado 29 de junio de fiscales generales de diez estados, encabezados por Texas, de cancelar DACA antes del próximo 5 de septiembre bajo amenaza de demanda judicial al Gobierno.
En los últimos días Trump no ha querido reafirmar el memorando emitido en junio por el Departamento de Seguridad Nacional en el que se aseguraba que “seguirá en efecto” la orden ejecutiva firmada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama que ha evitado la deportación de 750.000 “soñadores” que llegaron siendo niños.
Ante el temor de que la Casa Blanca decida finiquitar esta medida, dos senadores tienen previsto presentar esta semana un proyecto de ley que daría residencia permanente a estos jóvenes indocumentados y les abriría una vía hacia la ciudadanía, según varios medios.
Esta propuesta de ley, que presentarían el senador demócrata por Illinois Richard Durbin y el republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, fue redactada por la organización pro inmigrantes United We Dream.
Esta medida reviviría así el proyecto de ley conocido como “Dream Act” (Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros), auspiciado en 2010 por el propio Durbin y el republicano Orrin Hatch y que fracasó en el Senado por cinco votos después de tener luz verde en la Cámara de Representantes.