MIAMI, FL.- El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés), el cardenal Daniel DiNardo, pidió a los legisladores y tribunales “respetar y mejorar, no erosionar”, el sistema de asilo con el fin de “preservar y proteger el derecho a la vida”.
En un comunicado dado a conocer en la primera fecha de la asamblea anual que USCCB celebra desde ayer y hasta hoy jueves en la ciudad de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, DiNardo aludió al anuncio del fiscal general, Jeff Sessions, quien el lunes dijo que reforzará las exigencias de la ley de asilo y no incluirá más los casos de violencia doméstica.
“A menos que se anule, la decisión erosionará la capacidad del asilo para salvar vidas, particularmente en casos que involucran a solicitantes que son perseguidos por actores privados”, señaló el presidente de la conferencia, quien insistió en que “estas mujeres vulnerables enfrentarán ahora el regreso a los peligros extremos de la violencia doméstica en su país de origen”.
El titular de los obispos católicos tildó además de “inmoral” el uso continuo del método de la separación de familias en la frontera sur de EE.UU., como parte de la implementación de la política “tolerancia cero” que ha establecido la actual Administración en la Casa Blanca.
“Separar a los bebés de sus madres no es la respuesta y es inmoral”, manifestó DiNardo, quien en su condena se unió al obispo de Austin, Texas, Joe Vásquez, presidente de la Comisión de Migración de USCCB.
El presidente de la conferencia señaló que es importante proteger las fronteras, pero hay que encontrar otras formas de garantizar esa seguridad.
“Podemos y debemos hacerlo mejor como gobierno y como sociedad”, dijo.
Según informa el National Catholic Reporter, durante la jornada inaugural de la asamblea, muchos obispos apoyaron la idea de enviar una delegación a la frontera para inspeccionar los centros de detención en los que los menores son retenidos.
En la cita, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dio a conocer que tras la política de “cero tolerancia” del Departamento de Justicia, entre los días 3 y 17 de mayo pasado 640 familias han sido separadas, a razón de hasta unos 65 menores separados cada día.