MIAMI, FL.- A escasos días de conocer si el Gobierno de Estados Unidos renueva su Estatus de Protección Temporal (TPS), los hondureños amparados por este beneficio anticipan que sería “devastador” perderlo y no se ven haciendo las maletas para regresar a su país natal.
Esta comunidad se ha movilizado en Washington en los último meses para pedir una nueva prórroga del alivio migratorio de 12 a 18 meses, aunque prevé recibir antes de este viernes una decisión negativa, similar a la suspensión anunciada por el Gobierno del presidente Donald Trump del TPS para salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y nepalíes.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, señaló a Efe que sus compatriotas, asentados especialmente en Florida, California, Nueva York y las Carolinas, están “atemorizados y con incertidumbre”, y al mismo tiempo “reacios” a regresar a su país.
Yanira Arias, de la Alianza Américas, aseguró a Efe que esta medida sería especialmente “devastadora” para aquellos que aportan desde EE.UU. a sus familias en Honduras desde que recibieron el TPS, designado en 1999 por el entonces presidente Bill Clinton tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
Portillo asegura que actualmente hay unos 45.000 hondureños que aún dependen del TPS y se verían afectados si Trump lo cancela, al igual que lo hizo con los miles de haitianos y salvadoreños, que deberían abandonar el país antes de julio y septiembre de 2019, respectivamente.
Arias precisó que de los 57.000 hondureños que habían renovado hasta enero pasado sólo 45.081 lo hicieron de nuevo este año en la última extensión de seis meses otorgada en diciembre pasado, lo cual considera “alarmante” y quizás debido al “miedo” por el “patrón” de las políticas antiinmigrantes de Trump.
Al igual que los demás inmigrantes que perderían el TPS, los hondureños se verían obligados a correr contra el tiempo para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos o buscar un tercer país que los acoja, que para muchos de ellos es Canadá, ante su negativa de regresar a su país natal.
En ese sentido, Portillo dijo que en Florida, donde residen unos 30.000 hondureños, la mitad en Miami, se han reunido con personal diplomático y congresistas de Canadá, que, indicó, estarían de acuerdo en recibirlos, pero “de forma ordenada, no por oleadas”.
Antes de llegar a ese extremo, Portillo recordó que una veintena de senadores demócratas pidió la semana pasada al Gobierno que amplíe el TPS para los hondureños, que expira el próximo 5 de julio, al considerar que el país centroamericano no les puede “garantizar su protección”.
Manifestó que incluso si existieran las garantías para que los hondureños pudieran regresar, no es una opción porque “llevan toda una vida aquí”, donde tienen sus hijos y además perderían “su retiro”, por el que han trabajado en este país.
Muchos titulares de TPS de El Salvador, Honduras y Haití vinieron al país a una edad temprana y han pasado una parte importante de sus vidas en este país, donde han tenido unos 273.000 hijos, según American Immigration Council.
El grupo a favor de la inmigración cifra además en 164.000 millones de dólares la contribución a la economía de EE.UU. de estos “tepesianos” en los próximos diez años.
Precisa que, en promedio, salvadoreños y hondureños han pasado al menos veinte años en Estados Unidos. Además, señala que el Gobierno ha examinado sus antecedentes cada vez que se les renovó el TPS, lo cual, en el caso de los hondureños, ha sido en trece ocasiones.
Portillo expresó que están listos para presionar y cabildear por una reforma migratoria que otorgue estatus permanente a centroamericanos, haitianos e indocumentados en general en caso de una decisión adversa del Gobierno Trump esta semana.
Por su parte, Juan Rivera, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), en San Francisco, dijo a Efe que “parece que el único recurso que queda son las cortes” para intentar revertir la situación
El activista señaló que hoy, en la celebración del Día de Trabajo, que se ha convertido en el día del inmigrante”, estos saldrán a la calle a protestar contra el trato que les están dando en este Gobierno.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales o condiciones extraordinarias y temporales.
Según cifras revisadas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) suministradas a Efe, un total de 86.000 hondureños han sido amparados por el TPS desde 1999 y hasta octubre de 2017.