AUSTIN. TX.- La creciente preocupación de los latinos por su situación legal en Estados Unidos, especialmente en Texas, provoca que la comunidad hispana se organice para defenderse de las leyes discriminatorias recientemente aprobadas por los legisladores y senadores sureños.
“Como resultado de la retórica de la Administración de (el presidente Donald) Trump y las nuevas leyes de Texas, como la SB4, junto con la desinformación que se está extendiendo, muchas personas en Texas tienen temores comprensibles ante la incertidumbre de lo que les puede deparar el futuro”, apuntó en una entrevista con Efe Kevin Lopez, concejal de Bridgeport, localidad de menos de 6.000 habitantes.
Esta polémica ley estatal penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
Asimismo, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales y sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.
La SB4 entrará en efecto el próximo 1 de septiembre, según estipulan las reglas de la Legislatura texana, a no ser que una corte federal de San Antonio (Texas) lo impida antes.
Ante esta situación, Lopez reconoció sentirse con “la responsabilidad moral y la obligación” de proporcionar información exacta a los hispanos que se encuentren en una situación irregular o aquellas familias que tengan miedo sobre qué les puede ocurrir bajo la SB4.
Para ello, además de estar en contacto con consulados de los países de origen de los posibles afectados, el concejal decidió llevar a Bridgeport el evento “Mega Taller de Ciudadanía” organizado por Proyecto Inmigrante, un grupo que asesora legalmente de manera gratuita a los hispanos que acuden a sus encuentros.
“Los procesos de ciudadanía son cada vez más complejos y existen más requisitos, por lo que ofrecemos ayuda y asesoría a aquellos que la necesiten”, explicó en declaraciones a Efe el fundador de esta iniciativa, Douglas Interiano.
Proyecto Inmigrante es una organización sin fines de lucro que cuenta con credenciales del Departamento de Justicia y la Mesa de Apelaciones de Inmigración para asesorar y representar entre 5.000 y 10.000 personas al año.
En el próximo evento, que se llevará a cabo este fin de semana en la pequeña localidad de Decatur (a más de 60 millas de Dallas), dónde los asistentes podrán rellenar solicitudes de ciudadanía N-400 con la ayuda de expertos en inmigración y abogados, entre otras actividades.
Además, Proyecto Inmigrante proporcionará de manera gratuita el material de estudio para preparar las entrevistas de ciudadanía, después de haber analizado caso por caso.
“Un ciudadano tiene mayores oportunidades de empleo, la posibilidad de reunificarse con sus familiares y otros derechos adicionales, incluyendo el derecho a voto” es la frase que se puede leer en los panfletos promocionales del evento, que se celebrará este 26 de agosto.
Además de Bridgeport y Decatur, este grupo realiza actividades de este tipo en numerosas localidades alejadas de las ciudades más populosas del estado, como Burleson, Sherman, Ennis, Wichita Falls, Mansfield o Waxahachie.
La SB4 está siendo actualmente estudiada por un tribunal federal con sede en San Antonio después de que Austin, Dallas, Houston, la propia San Antonio y El Paso, además de otras localidades menores y varios condados, presentasen un requerimiento judicial contra el estado de Texas y sus máximos responsables.
En caso de que esta controvertida ley entre en vigor, el número de deportaciones en ese estado podría aumentar de manera exponencial, según indicaron los demandantes durante los argumentos orales en la corte federal el pasado mes de junio.