MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México dirigió hoy una recomendación a las autoridades de migración y al Gobierno municipal de Tijuana por la detención y deportación arbitraria de una mexicana con doble nacionalidad a Estados Unidos.
La mujer, cuyos datos no fueron revelados, fue detenida por policías locales y aunque se identificó como mexicana fue deportada a Estados Unidos, indicó la Comisión en su recomendación dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM) y al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum.
Durante la investigación se acreditaron violaciones a los derechos humanos “a la nacionalidad, la libertad y la seguridad personales, a la seguridad jurídica, así como a la privacidad y protección de datos personales” de la persona, explicó la CNDH.
Según el organismo autónomo, la mujer acreditó su nacionalidad mexicana con una credencial para votar e informó que también tenía la nacionalidad estadounidense a los dos policías de Tijuana que la detuvieron a bordo de su vehículo.
La mujer fue detenida con base en una supuesta orden de captura emitida en EE.UU., remitida a un juez municipal, fotografiada y su caso se difundió en medios de prensa, lo que le causó “afectación de su fama pública, violándose sus derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales”, señaló.
Después fue llevada a un centro de detención para migrantes, donde le iniciaron un procedimiento de deportación y firmó sin leer documentos que señalaban que fue detenida por “causar molestias en la vía pública” y que deseaba volver a Estados Unidos “lo más pronto posible”.
La mujer fue entregada a las autoridades de EE.UU., que le abrieron un proceso penal por el que pasó 60 días en un centro de detención.
La CNDH solicitó tanto al INM como al Gobierno de Tijuana, en el estado noroccidental de Baja California, “reparar el daño” causado a la persona de acuerdo con la Ley General de Víctimas vigente en México.
Al Instituto Nacional de Migración le pidió colaborar con la Comisión en la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y al Gobierno de Tijuana gestionar la eliminación de las publicaciones en los medios de prensa donde se divulgaron los datos de la víctima.