NUEVA YORK.- Una coalición de 16 fiscales generales, liderada por Nueva York, acudió a la Corte Suprema del país oponiéndose al reclamo de la administración Trump para que se prohíba la entrada a EE.UU. a abuelos y otros parientes cercanos de familias provenientes de naciones vetadas por el gobierno.
Los fiscales acudieron al alto foro como “amigos de la corte” en apoyo a un tribunal federal de Hawai, que la pasada semana determinó que pueden entrar a EE.UU. abuelos, tíos y otros familiares cercanos de refugiados y nacionales de las seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia) afectados por el veto de la administración del presidente Donald Trump.
“Los abuelos son familiares y los tribunales están de acuerdo”, dijo el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
Tras la decisión de la corte de Hawai, el Departamento de Justicia de EE.UU. acudió de inmediato al Tribunal Supremo para impugnar el fallo, la coalición de fiscales sometió el documento para apoyarle.
A principios de junio, la Corte Suprema del país favoreció temporalmente a la administración Trump con respecto al veto de viaje, limitándola a permitir la entrada al país a personas que tengan una “relación de buena fe con una persona o entidad en EE.UU.”
El gobierno de Trump decidió que los cónyuges, los padres, los hijos, los prometidos y los hermanos estarían exentos de la prohibición y excluía a abuelos y otros miembros de la familia.
Hawai entonces pidió a un tribunal federal que definiera quiénes integran una “relación familiar cercana”, según estipulado en el veto migratorio del Gobierno.
“La estrecha visión del gobierno federal sobre lo que cuenta como una ‘relación familiar cercana’ también se contradice por la experiencia común y décadas de investigación en ciencias sociales”, indicaron los fiscales en el recurso legal, según un comunicado de prensa conjunto.
La coalición está compuesta por Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
Indicaron además que muchas de las disposiciones del veto migratorio han causado “daños sustanciales” a los residentes, comunidades, hospitales, universidades y negocios de los estados que impugnaron la orden ejecutiva.
“El estatus quo debe ser preservado mientras este litigio continúa” en las cortes, afirmaron en el comunicado.
Aseguraron que seguirán “haciendo lo que sea necesario para proteger a aquellos a quienes servimos y que las familias no sean desgarradas por la prohibición inconstitucional, ilegal y no estadounidense del presidente Trump”.