CHICAGO, IL.- La ciudad de Chicago afirmó hoy en una corte federal que el fiscal general, Jeff Sessions, carece de autoridad para cortar fondos federales a las ciudades que ofrecen santuario a los indocumentados.
“La ley no le da autoridad (a Sessions) para crear condiciones para asignar fondos. Ninguna administración apeló antes a este argumento”, afirmó el abogado Ron Safer, de la Municipalidad, en una audiencia sobre la demanda presentada el mes pasado por el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
La demanda, que se dirime ante el juez federal Harry Leinenweber, busca una orden judicial que bloquee las condiciones impuestas por Sessions para otorgar fondos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los departamentos policiales.
En el caso de Chicago se perderían 3,2 millones de dólares, una cifra que “es preciosa porque salva vidas”, dijo Safer.
El fiscal general estableció en un memorando que las cerca de 600 ciudades y condados que ofrecen santuario, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Chicago, no recibirán fondos federales porque “se niegan” a colaborar y compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones prolongadas de indocumentados en prisión pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sin orden de un juez, no informan cuando un indocumentado está por ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.
En la audiencia, el abogado de la Municipalidad pidió al juez que no apoye “el despojo sin precedentes de poder”, que estaría cometiendo el fiscal general.
“Si se imponen las condiciones de Sessions, se romperá el vínculo de confianza entre la comunidad inmigrante y las fuerzas del orden, y eso resonará en las calles de Chicago”, agregó en su exposición.
El abogado del Departamento de Justicia, Chad Readler, rechazó el argumento de Chicago, de que se produciría un “daño irreparable” al imponerse nuevas condiciones para recibir subvenciones.
“El programa es opcional, las ciudades no están obligadas a aceptar los fondos”, señaló.
Expresó además que Chicago no debe pronunciarse sobre las condiciones de las subvenciones hasta la firma de un documento de compromiso, y si lo hace tiene después 45 días para confirmar si acepta los fondos.
Después de escuchar los argumentos durante dos horas, el juez Leinenweber dijo a los abogados que aguarden su dictamen, sin mencionar fecha.