CHICAGO (IL).- Autoridades de Chicago y del condado de Cook, en Illinois, rechazaron hoy la intención del director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, de enviar más agentes de inmigración a las “ciudades santuario”.
En declaraciones al Washington Examiner, el funcionario dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene planes de “inundar las ciudades santuario” con nuevos agentes.
El Gobierno, agregó, tiene planes de contratar unos 10.000 nuevos agentes, que serán asignados a localizar y deportar indocumentados en las ciudades donde las autoridades rehúsan cooperar con las autoridades federales, como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, entre muchas otras.
Matt McGrath, vocero de prensa del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo hoy que el anuncio de Homan es un nuevo intento del Gobierno federal de “distraer la atención”.
“Es un mensaje dirigido a la base política del presidente, en lugar de apoyar la seguridad pública”, expresó en un comunicado.
“Chicago mantendrá sus valores, continuará dando la bienvenida a todos y, como otras ‘ciudades santuario’, lo hará respetando las leyes federales”, agregó el vocero del alcalde, quien se encuentra en Europa.
A su vez, el alguacil del condado de Cook, Tom Dart, sugirió que el Gobierno federal emplee mejor su tiempo y recursos, porque su oficina no tiene evidencias de que el nivel de criminalidad sea mayor entre los indocumentados.
“En Chicago y el condado tenemos muchos tiroteos y homicidios, y esas son las áreas donde necesitamos ayuda federal”, expresó el alguacil, para quien no hay ninguna conexión entre el estatus de “santuario” de la ciudad y los crímenes violentos.
“No entiendo cómo el envío de más agentes de ICE podría ayudar a combatir la violencia”, dijo Dart, quien informó que ha enviado numerosas cartas a las autoridades federales en las que solicita ayuda para combatir la violencia en los barrios más conflictivos de Chicago.
El condado de Cook, el mayor de Illinois y donde se asienta Chicago, fue uno de los primeros del país, en 2011, en dejar de cooperar con ICE para retener indocumentados en sus cárceles, a la espera de ser deportados.
Trump ha amenazado con sanciones financieras a las ciudades y condados que no colaboren activamente con ICE en los programas de carácter voluntario en su objetivo de ampliar el número de deportaciones.