Los Ángeles, CA.- Un panorama difícil tienen en 2019 más de un millón de indocumentados en EE.UU. beneficiados por programas de amparo que están en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, y que serán estudiados por la Corte Suprema.
Lo primero que evaluará el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, es la situación de los casi 700.000 beneficiados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.
Ya en sus tiempos de candidato, Trump prometió abolir este programa y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció la rescisión del programa.
No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantenga y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. continúe aceptando renovaciones.
Al de California le siguieron en la misma línea otros dos magistrados federales y ello llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.
United We Dream, la organización más grande que agrupa a los beneficiarios de DACA, estima que la Corte Suprema podría decidir si atiende este caso a mediados de enero próximo.
Luis Cortes, uno de los abogados demandantes y que representa a seis beneficiarios de DACA, cree que la llegada del juez Brett Kavanaugh a la Suprema no es alentador, ya que “últimamente ha votado del lado del Gobierno y ha seguido su tendencia ultra conservadora”, según dijo a Efe.
Cortes, también beneficiado por la Acción Diferida, ve una esperanza en el magistrado Neil Gorsuch, que a pesar de haber sido nominado por el presidente Trump ha fallado hace poco a favor de los inmigrantes y en contra del actual Gobierno.
Por su parte, Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition, señaló a Efe que los amparados por DACA deben estar preparados para un fallo adverso y, además de invocarles a renovar su estatus para así ganar dos años más, avisa que hay que destinar esfuerzos en presionar al Congreso.
“Las demandas nos dieron tiempo pero, aún si la Corte Suprema falla a nuestro favor, necesitamos una solución definitiva y no podemos perder este objetivo”, advirtió Vargas, quién también estuvo amparado por el programa DACA.
Al Congreso también apuntan los más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.
Este programa ha sido cancelado por el presidente Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales.
“Tenemos que ganarnos un espacio en la mente de los estadounidenses para que entiendan el valor de las personas con TPS” indicó a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).
En febrero próximo, un grupo de 3.000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.
De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quién asumirá la dirección de dicha cámara a partir de enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por DACA y TPS.
El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.
NDLON fue una de las organizaciones detrás de la demanda en contra del Gobierno de Trump y que fue respaldada por el juez federal Edward Chen, quien en junio pasado permitió que continúe la querella en contra de la cancelación del TPS.
El juez tendrá que emitir una decisión final sobre la demanda, aunque Alvarado cree que Chen se ratificará y, por tanto, la Administración federal llevará el asunto al Tribunal Supremo.