Tijuana, México.- La Fiscalía del estado mexicano de Baja California investiga el asesinato de dos migrantes hondureños en la fronteriza ciudad de Tijuana, donde el martes 18 de diciembre desconocidos lanzaron una lata de gas lacrimógeno al interior de un albergue para centroamericanos, informaron autoridades.
El subprocurador (vicefiscal) de la Zona Tijuana de la Fiscalía estatal, Jorge Álvarez, informó que la institución investiga el asesinato de dos jóvenes migrantes hondureños.
Indicó que el sábado 15 por la noche fueron encontrados sin vida dos personas del sexo masculino por lesiones punzocortantes y por estrangulamiento en la vía pública.
De acuerdo con la investigación, dijo, las víctimas son menores de entre 16 y 17 años de edad, de origen hondureño, y que regresaban al albergue para menores migrantes Benito Juárez.
Eran tres los jóvenes que se dirigían al albergue cuando fueron interceptados en el camino, al parecer con intenciones de robarlos, y en el hecho fueron asesinados dos de ellos y uno logró escapar, añadió.
La Fiscalía realiza las diligencias correspondientes y recaba los inicios y testimoniales necesarios para poder resolver el caso y llevarlo ante las autoridades judiciales, refirió Álvarez.
A su vez, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, explicó durante su conferencia de prensa matutina del miércoles 19 en Ciudad de México que se “están haciendo investigaciones” en torno a este suceso.
Al incidente se suma al ocurrido cuando desconocidos lanzaron una lata de gas lacrimógeno al interior de un albergue para migrantes en Tijuana que afectó a varias personas.
Agentes municipales aseguraron que se encontró el objeto en el interior del albergue El Barretal, pero afirmaron que no hubo heridos ni afectados de consideración, y que por ahora se desconocen los motivos del ataque.
En el sitio hay aproximadamente 3.000 personas de diversas edades y nacionalidades, hondureños en su mayoría, que pernoctan en campamentos de lona, apoyadas con servicios, alimentos y seguridad con personal del Gobierno federal y agentes de la Policía Municipal.