LOS ÁNGELES, CA.- Las autoridades de Inmigración están listas para perseguir a los soñadores que queden desprotegidos después de que se cancele la Acción Diferida (DACA) el 5 de marzo de 2018, si antes el Congreso no aprueba una ley que los ampare, advirtieron hoy activistas.
Representantes de cinco organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se reunieron hoy en una conferencia telefónica para exigir a los congresistas, especialmente a los republicanos, que actúen antes de fin de año y aprueben una legislación que proteja a estos jóvenes.
“Tenemos claro que las aseveraciones del presidente Trump sobre que los soñadores no tienen que preocuparse son falsas”, manifestó Lorella Praeli, directora de Políticas de Inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Estos jóvenes están bajo ataque en esta administración, incluso antes de que pusiera fin a DACA”, agregó la activista e insistió en que “la urgencia es más clara cada día”.
Las acciones de agencias como el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), hacen temer que la arremetida contra los soñadores podría ser devastadora.
Incluso antes que se cumpla el plazo que dio el Ejecutivo para proteger a los beneficiarios del programa DACA, jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que por lo general no conocen otra realidad que no sea la de este país.
Entre la lista de ataques que ha sufrido la comunidad, y que los activistas pusieron como ejemplo, está el rechazo de USCIS a centenares de aplicaciones de renovación recibidas después del 5 de octubre.
Para Eliana Fernández, beneficiara de DACA y madre de dos niños estadounidenses, la negativa de la entidad de buscar una solución es la muestra clara de la actitud del Gobierno de Trump.
Fernández toma parte de una demanda presentada en Nueva York contra la administración, que asegura que la cancelación del programa fue “arbitraria”.
Los demandantes tuvieron que pedir al juez que permitiera incluir a más de 4.000 beneficiarios que USCIS rechazó inapropiadamente, según sostienen.
“Litigando este caso hemos aprendido que algunas personas en la Administración Trump tienen indiferencia por la gente con DACA y por el daño que causa eliminar el amparo”, indicó Jessica Hanson, abogada de National Immigration Law Center.
Los activistas denunciaron que no solo quienes hicieron la renovación están en la mira.
Aquellos que tienen un permiso vigente también han sufrido atropellos, especialmente por agentes del CBP.
Amy Fischer, miembro de la organización RAÍCES, llamó la atención sobre el caso de Felipe Abonza López, un joven “soñador” detenido desde el 12 de octubre por las autoridades de inmigración.
López tiene el permiso de DACA vigente hasta mayo del 2019. No obstante, según Fisher, USCIS revocó la protección un día después del arresto del joven.
“Le quitaron la protección sin saber cuál era el resultado de la investigación y de los cargos contra en su contra”, denunció Fisher.
Después de la presión de la comunidad y el llamado de varios congresistas para sacar a las luz el caso, un juez de inmigración determinó esta mañana otorgar una fianza al joven de 20 años, que lleva una prótesis en una de sus piernas.
Al igual que un “soñador” detenido por el CBP en California, Jesús Arreola, López perdió el amparo y tendrá que luchar en corte por que le regresen el beneficio.
A pesar de no enfrentar cargos criminales, ambos inmigrantes perdieron el amparo.
La directora de Políticas de Inmigración de ACLU, Lorella Praeli, llamó la atención sobre el caso de la niña Rosa María Hernández, de 10 años, arrestada por agentes de la Patrulla Fronteriza después de ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.
“Si se aprueba el acta de sueños (DREAM ACT), personas como Rosa María podrían verse beneficiadas”, explicó Praelli.
Nicole Svajlenka, de Center for American Progress, señaló que cada día que pasa sin que el Capitolio actué centenares de jóvenes están siendo expuestos a las autoridades de inmigración y a una deportación inminente.
Cuando los congresistas vayan al receso festivo de fin de año, cerca de 13.000 soñadores habrán perdido el amparo y sus permisos de trabajo.
Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, cree que a pesar que las conversaciones sobre una legislación no han pasado de la informalidad.
“Si se mantiene el compromiso de los demócratas de atar el proyecto a la aprobación del presupuesto del próximo año, los republicanos se verán obligados a discutir el tema”, vaticinó.