NUEVA YORK, NY .- El estado de Colorado y varios condados a través del país se unieron a una coalición liderada por Nueva York que intenta bloquear que se incluya una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el Censo del 2020, como ha exigido la Administración de Donald Trump.
La coalición bipartidista está conformada ahora por 18 estados, el Distrito de Columbia, nueve ciudades, cuatro condados así como por la Conferencia de Alcaldes de EE.UU.
El pasado abril la coalición, que incluye de 17 fiscales generales, presentó una demanda en el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York que fue enmendada para agregar a los nuevos codemandantes, explicó en un comunicado el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman.
De acuerdo con el grupo, en la demanda modificada se resaltan los riesgos de exigir la información de ciudadanía, lo que alegan reduciría la participación en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, amenazando su representación en el Congreso y el colegio electoral y la pérdida de millones de dólares en fondos federales.
Además, señalan que la demanda pone de relieve la gran cantidad de fondos y recursos que los demandantes ya han dedicado para alentar la participación en el Censo, cuando no se había considerado incluir el tema de la ciudadanía.
La demanda fue enmendada además para incluir comentarios del director del Censo, Ron Jarmin, ante el Congreso, de que esperaba que el impacto negativo en las tasas de respuesta “se sintiera en gran medida en varios subgrupos, en poblaciones inmigrantes, ñyí poblaciones hispanas.
“De acuerdo con la coalición, la propia investigación de la Oficina del Censo muestra que la decisión de preguntar sobre la ciudadanía “pondrá inevitablemente en peligro la precisión general del recuento de la población” al disuadir la participación de inmigrantes preocupados sobre cómo el gobierno federal utilizará dicha información.
Destacan además que la decisión de la administración Trump es inconsistente con las obligaciones constitucionales y legales de la Oficina del Censo, no está respaldada por la justificación indicada, se aparta de décadas de práctica establecida sin una explicación razonada y no considera la disponibilidad de datos alternativos que puedan servir efectivamente a las necesidades del gobierno federal.
La coalición recordó al tribunal que en 1980 la Oficina del Censo rechazó incluir una pregunta sobre ciudadanía argumentando que “inevitablemente” pondría en peligro la precisión general del recuento de la población. Igualmente indicaron al tribunal que en 2009 ocho exdirectores del Censo afirmaron que dicha pregunta reduciría la participación y conduciría a un recuento insuficiente significativo, lo que socavaría el propósito del censo.
Conforme a la Constitución, la Oficina del Censo tiene la obligación de determinar “el número total de personas en cada estado” y se ha estado realizando cada diez años desde el 1790.