LOS ÁNGELES, CA.- Con la suspensión de la Acción Diferida (DACA) aumenta la presión para que la Legislatura y el gobernador de California, Jerry Brown, aprueben la ley que convertía al Estado Dorado en “santuario” para indocumentados.
La medida SB54, conocida como “Acta de Valores de California”, presentada por el presidente encargado del Senado californiano, el demócrata hispano Kevin de León, ya fue aprobada en este órgano legislativo y actualmente cursa su proceso en la Asamblea.
Para ello, varios activistas e indocumentados participaron en una protesta en el Capitolio estatal en Sacramento para pedir la “aprobación inmediata” de la SB54 por la Asamblea, así como el apoyo del gobernador para firmarla como ley una vez sea aprobada.
Rómulo Avélica González fue uno de los participantes en la protesta.
Detenido durante casi medio año por las autoridades de inmigración y recientemente liberado bajo fianza mientras continúa su proceso de deportación Avélica pasó de ser un “taquero” en Boyle Heights en Los Ángeles a convertirse en un activista a favor de los indocumentados.
El inmigrante mexicano aseguró que muchos inmigrantes indocumentados han venido al país sólo buscando “un mejor futuro para sus hijos” y pidió que “no debemos tener miedo”.
Avélica contó que durante su estancia en el Centro Detención de Adelanto conoció muchos presos que fueron retenidos por las autoridades “únicamente por su apariencia física de inmigrantes”.
“Dilo fuerte y dilo claro: los inmigrantes son bienvenidos aquí”, replicaron en consignas los participantes en la acción.
Previamente, los activistas realizaron una “vigilia matutina” frente a la residencia del gobernador Brown para presionarlo para que firme la ley.
Después de la manifestación frente al Capitolio estatal los manifestantes se dirigieron al cuartel general de la Asociación de Alguaciles Estatales de California, para protestar por la oposición de esta asociación a la SB54.
“Alguaciles, escuchen, inmigración no es su asunto”, gritaron decenas de manifestantes frente a la sede de la dependencia.
Diferentes grupos religiosos se han unido a la petición para que la propuesta que prohíbe utilizar recursos locales o estatales para ejercer funciones de control de inmigración se convierta en ley.
“Confío en nuestros legisladores y estoy esperanzada en que el gobernador Brown firmará esta ley”, declaró a Efe la reverenda Leslie Takahashi, de la Iglesia Unitaria Universalista de Mt. Diablo, quien recientemente participó en una acción de apoyo a la medida frente a las oficinas de la gobernación.
“Continuaremos la lucha para vivir con nuestras familias aquí en los Estados Unidos”, remató Xochitl Oseguera, del grupo Mamás con Poder.
Para la abogada y activista Saira Hussain del Caucus Legal Asiático de San Francisco, los “santuarios” que tuvieron su origen en 1980 para recibir a quienes venían huyendo de la guerra en Centroamérica son una forma de protección para los inmigrantes.
“No obstante, la administración de Trump ha demonizado las ciudades santuario como parte de convertir a los inmigrantes en un chivo expiatorio”, aseguró en una declaración enviada a Efe.
“¿Estamos listos para luchar por nuestros valores?”, preguntó a los manifestantes Angela Chan, representante de esta organización durante su participación en Sacramento.
“Estamos listos para luchar y defender a nuestras comunidades porque es lo que hemos hecho muchos de los que estamos aquí durante varios años”, recalcó.
Además de los cuerpos de Alguaciles, la propuesta ha encontrado oposición de parte de algunos grupos principalmente de familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados o de grupos que están a favor del control de la inmigración.
“California debe ser un santuario para los californianos”, manifestó Don Rosenberg en un aviso publicitario de 30 segundos en contra de la SB54 que está siendo transmitido en algunos medios de comunicación.
En los anuncios, financiados por Californianos para la Estabilización de la Población, Rosenberg pregunta al gobernador Brown si firmaría la medida si un hijo suyo hubiera sido asesinado por un inmigrante que entró al país ilegalmente.
Rosenberg hizo la pregunta porque en 2010 su hijo, de 25 años, murió atropellado, mientras conducía su motocicleta en San Francisco, por un conductor indocumentado y sin licencia de conducir a quien las autoridades habían permitido permanecer en el país a pesar de haberlo detenido previamente por esa razón.
Según un análisis del Instituto de Política Pública de California, en California, en 2014, residían entre 2,3 y 2,6 millones de indocumentados, constituyendo el 6 % de la población del estado.