WASHINGTON, DC.- La Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos (AILA, por sus siglas en inglés) denunció hoy la implantación de cuotas a jueces de tribunales responsables de casos de inmigración para la resolución de un mínimo de casos anualmente, que comenzó a aplicar este lunes 1 de octubre el Departamento de Justicia.
La asociación emitió un comunicado en el que criticó esta medida que obliga a los jueces de derecho migratorio a dar solución a un mínimo de 700 casos anualmente, bajo la amenaza de tener que someterse a un proceso disciplinario si no cumplen con dicho objetivo.
La meta de las cuotas, según defendió la Casa Blanca al anunciar esta medida el pasado mes de abril, es desatascar los más de 600.000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la AILA, Anastasia Tonello, esta normativa “cercena” la “autoridad” de los jueces de derecho migratorio al obligarles a tener que elegir “entre garantizar que se haga justicia o perder sus empleos”.
“Con un reloj marcándoles el tiempo en sus cabezas, posiblemente los jueces no podrán tomar decisiones bien razonadas que afectan a los hechos y a la aplicación de las leyes en los casos de cada persona”, lamentó Tonello, citada en un comunicado divulgado por la asociación.
Por este motivo, el director ejecutivo de la AILA, Benjamin Johnson, abogó por adoptar un enfoque radicalmente diferente para agilizar los procesos migratorios que se acumulan en los juzgados y que impida al fiscal general tener, al mismo tiempo, el poder de “decidir las normas y leyes que los magistrados deben seguir” y de despedir a quienes no lo hagan.
“El Congreso no puede demorar realizar un control riguroso de los tribunales y crear una red de tribunales migratorios independiente del control del Departamento de Justicia”, argumentó Johnson, también citado en el comunicado de la AILA.
Para reforzar sus exigencias la asociación ha remitido al fiscal general, Jeff Sessions, una carta suscrita por mil letrados en la que se solicita la creación de estas nuevas instituciones para “salvaguardar la integridad e imparcialidad del sistema judicial”, explicó Johnson.