LOS ÁNGELES, CA.- En el año que ha transcurrido desde que el Gobierno Trump anunciase el infructuoso fin de la Acción Diferida (DACA), la lucha legal ha sido intensa y el movimiento que lucha para que el programa se mantenga se fortaleció y amplió a otras causas de inmigrantes, aseguran líderes “soñadores”.
“En este año hemos madurado y crecido, aprendimos a llevar la lucha a las cortes y la justicia ha estado de nuestra parte, eso fortaleció el movimiento”, dice a Efe Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition.
Vargas destaca las cuatro decisiones de jueces federales a favor de los soñadores que argumentaron que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump anunciada el 5 de septiembre del 2017 fue ilegal.
La orden de rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia con fecha 5 de marzo de 2018 apenas duró cuatro meses, cuando en enero el Juez William Alsup ordenó desde California al gobierno detener sus planes y aceptar las solicitudes de renovación mientras evaluaba cinco demandas en contra de esta polémica medida.
El magistrado calificó de “arbitraria y caprichosa” la determinación que Trump tomó para acabar con el beneficio que ampara a unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Una de las querellas legales está encabezada por seis soñadores afectados.
La mexicana Dulce García, abogada protegida por DACA que reside en San Diego hace parte del grupo, y, como sus otros compañeros, no ha parado para impedir que una legalización de los “soñadores” afecte a otros inmigrantes, como pretenden buena parte de los republicanos.
“Trump ha querido todo este tiempo usarnos como ficha política pero no pudo”, explica García.
Para ello, reclamó al Congreso una salida legislativa para los “soñadores”, aunque marcando unas líneas rojas que difícilmente los demócratas podían aceptar, como fondos para construir un muro en la frontera con México y terminar con la inmigración en cadena.
Sin embargo, ningún proyecto con estas exigencias prosperó en el Congreso.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), califica la clausura de DACA como uno de los mayores errores de Trump.
La orden de Aslup, y una decisión similar del juez Nicholas Garaufis en Nueva York, le restó la presión al Congreso y el 5 de marzo pasó sin que se llegara a un acuerdo.
En abril el juez John Bates, en Washington D.C., se unió a sus colegas e incluso consideró abrir la puerta para que nuevos solicitantes se acogieran al beneficio, aunque semanas después descartó la idea.
El 31 de agosto de 2018, el movimiento de defensa de DACA se anotó otra victoria parcial después que en Texas el juez federal Andrew Hanen declinase la petición de una coalición de siete estados de acabar de “inmediato” el programa.
Luis Cortes, un abogado de inmigración protegido por el amparo en Seattle, advierte de que toda la atención ahora está puesta en la Corte Suprema de Justicia, que seguramente evaluará el tema en los próximos meses.
La posible confirmación del conservador Brett Kavanaugh para ocupar una silla del Tribunal Supremo se muestra como un obstáculo más que tendrán que sobrepasar este movimiento.
Vargas coincide con Cortes en que finalmente la decisión del Supremo podría favorecer al Gobierno, por lo que el objetivo actual es animar a miles de jóvenes a renovar mientras puedan su DACA y lograr así al menos dos años de permiso de residencia y trabajo en EE.UU.
De acuerdo con las cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), en el tercer trimestre del año fiscal 2018, que acaba el 31 de septiembre, el Gobierno ha recibido 26.749 solicitudes de renovación, para un total de casi 188.000 en lo que va del año.
En el año fiscal 2017 el número de solicitudes de renovación del amparo de DACA llegó a 472.850. Número que refleja la popularidad del programa y la necesidad de no perder el amparo, destaca Cortes.
Por su parte, Vargas tiene puestas sus esperanzas en las próximas elecciones de noviembre, cuando espera que el trabajo de los “soñadores” pueda inclinar la balanza a favor de la causa y se impulse una legalización con camino a la ciudadanía.
“Tenemos que apoyar a candidatos que quieran a los ‘soñadores’, y que denuncien la separación de familias y las acciones inmorales del ICE”, puntualizó Vargas.