Los Ángeles contra normativa de “carga pública” para algunos inmigrantes

Los supervisores estuvieron de acuerdo en que, si este criterio se aplica, se vería en riesgo la continuación del estado legal de residentes permanentes, a quienes se les podría negar su visa y su permiso legal en el país debido a que son una carga para el estado

La retórica migratoria del presidente Donald Trump han llevado a miles de hispanos a convertirse en ciudadanos en los últimos meses para sentirse seguros ante una posible deportación. Un nuevo temor se cierne en la comunidad ante el anuncio de la aplicación de la normativa de "carga pública". Foto Archivo EFE/Felipe Chacon
EFE

LOS ÁNGELES, CA.- La Junta de Supervisores de Los Ángeles, California, pidió hoy comunicar al Gobierno estadounidense que no aplique una nueva normativa según la cual inmigrantes en proceso de nacionalización que solicitan ayudas federales constituyen una “carga pública”.

Los supervisores estuvieron de acuerdo en que, si este criterio se aplica, se vería en riesgo la continuación del estado legal de residentes permanentes, a quienes se les podría negar su visa y su permiso legal en el país debido a que son una carga para el estado.

“Sería muy perjudicial, no solo para inmigrantes que quieren ingresar legalmente a los Estados Unidos, sino en general para todos los residentes del condado”, dijo la supervisora Hilda Solís, ponente de la iniciativa.

La supervisora argumentó que estos inmigrantes no acudirían a los servicios públicos subsidiados de salud y no recibirían vacunas a las que tendría derecho, afectando así la salud general.

También recalcó que la medida que declara “carga pública” a los inmigrantes con visa de residente afectaría a aquellos que disfrutan del subsidio de vivienda conocido como Sección 8, lo que aumentaría la grave situación de indigencia que enfrenta el condado.

Por su parte, la supervisora Sheila Kuehl señaló que la norma todavía no ha entrado en vigencia y que debe tener un período de 60 días para recibir comentarios del público, por lo que pidió a las personas y organizaciones comunitarias que se manifiesten contra la norma.

Al cuestionarse la retroactividad de la medida, el abogado en jefe del condado, Lawrence Hafetz, aclaró que “lo que se redactó hace un mes y medio sí era retroactivo pero todavía no hay un registro final y no sabemos cómo va a terminar”.

La junta señaló que anteriormente se estimuló a los gobiernos locales para que promovieran el uso de los servicios subsidiados para muchas más personas, con lo que esta nueva medida va en contra-dirección de lo que se estableció en el Gobierno federal anterior.

“Hicimos un trabajo anteriormente para que más gente se beneficie de -por ejemplo- CalFresh (subsidio de alimentación para familias de bajos ingresos) y ahora los vamos a castigar”, señaló la supervisora Kathryn Barger.