LOS ÁNGELES, CA.- La amnistía migratoria Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara) se ha convertido 20 años después de su aprobación en una vía para regularizar en EE.UU. la situación migratoria de miles de indocumentados de la región ahora que peligra su estatus de Protección Temporal (TPS).
Nacara es una ley para refugiados aprobada en 1997 que provee beneficios migratorios y protege de la deportación a algunas personas originarias de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, así como a inmigrantes de ciertos países de la desintegrada Unión Soviética.
De acuerdo a datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), entre el 21 de junio de 1999 y el 31 de agosto de 2017 se enviaron un total de 211.041 solicitudes para beneficiarse de esta ley de amnistía, de las cuales se aprobaron 184.169 peticiones.
Hay, por tanto, más de 26.000 casos inconclusos por diversas razones, como cambio de domicilio, no haber puesto sus huellas digitales e incluso por fraudes notariales, entre otros, y que de acuerdo a especialistas pueden aun ser regularizados y beneficiarse con una tarjeta de residencia (“green card”).
Según dijo a Efe Frances Arroyo, abogada de inmigración, al revisar el historial de inmigración de personas que se pueden acoger a esta amnistía “literalmente se puede detener una deportación, pero no hay que esperar a ser detenido” para revisar el expediente.
Uno de esos casos es el de Mario Tuchez, de 57 años, quien emigró en 1986 desde su natal Petén, en Guatemala, ante el temor de que el “Gobierno o la guerrilla” lo asesinaran “sin razón alguna, así como mataron a muchos”, según dijo a Efe.
“Fui detenido el pasado 12 de septiembre frente a mi casa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., por no haber comparecido ante el juez por una orden de deportación hace años”, contó Tuchez, padre de cuatro jóvenes universitarios estadounidenses.
“Un día antes de mi deportación a Guatemala, al reabrir mi caso de Nacara, los abogados detuvieron la deportación”, declaró el inmigrante, quien fue liberado el pasado 11 de octubre.
Tuchez es supervisor de construcción de estacionamientos subterráneos en la empresa Doja Inc., y cuenta que el propietario pagó la fianza de 5.000 dólares para reanudar su petición de residencia permanente a través de esta amnistía.
Tuchez relató que su primera solicitud de asilo la envió en 1991, y que luego compaginó con Nacara de cara a la obtención de la residencia permanente.
“Pero me divorcié, cambié de dirección, y a mí nunca me llegó la carta de migración, por eso no fui donde el juez y me pusieron orden de deportación en ausencia”, declaró.
Hoy, con la reanudación del trámite a través de esa ley de 1997, ha obtenido para julio del próximo año una nueva fecha para comparecer ante el juez de Inmigración.
Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), dijo a Efe que “es una posibilidad real que los no ciudadanos en procedimientos de deportación, o incluso otros no ciudadanos en Estados Unidos, puedan calificar para Nacara sin saberlo”.
Alrededor de 350.000 beneficiarios de TPS, centroamericanos en mayoría, se hallan con incertidumbre por la reciente anulación del amparo migratorio para los nicaragüenses y haitianos, y por la extensión solo por 6 meses para hondureños.