TUCSON, AZ. – Los arrestos de indocumentados en la frontera con México superaron en mayo los 50.000 por tercer mes consecutivo, a pesar de la política de “tolerancia cero” del Gobierno, incluida la separación de niños y padres, y el envío de la Guardia Nacional. Nada les detendrá, explican varios activistas.
“En la frontera estamos enfrentando una crisis humanitaria, las familias siguen llegando, están escapando de la violencia, temen por sus vidas y están dispuestos a enfrentarlo todo”, señaló a Efe Joan Williams, representante del grupo Iniciativa Kino para la Frontera, organismo que asiste a inmigrantes en Arizona.
En su opinión, ninguna de estas “tácticas” consigue frenar el flujo migratorio y conlleva a una creciente preocupación por “trato” que reciben los inmigrantes.
“No sabemos cuánto tiempo estarán en detención y, sobre todo, a dónde están llevando estos niños que han separado de sus padres”, se pregunta la activista.
A pesar de las amenazas, Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, en Texas, dice que en las últimas semanas han visto un repunte en el número de inmigrantes que cruzan, como reflejan las cifras.
Durante el pasado mes de mayo se contabilizaron 51.912 detenciones a lo largo de la frontera con México, de las cuales 11.568 fueron de personas que se presentaron voluntariamente en los puertos de entrada y se les denegó la entrada clasificándolos como “inadmisibles”, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dadas a conocer este miércoles.
Esto representa un incremento del 1,8 % comparado con abril pasado, cuando se registraron 50.924 detenciones, y un aumento por quinto mes consecutivo.
Además, quedan muy lejos ya las 19.940 detenciones de mayo de 2017, cuando todavía se notaba el “efecto Trump”, en referencia al temor que supuso entre los indocumentados la llegada del magnate y sus políticas migratorias a la Casa Blanca.
Para evitar este paulatino aumento en la llegada de inmigrantes, el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, anunció el 6 de mayo pasado su plan de “tolerancia cero”, que incluye el “enjuiciar” al 100 % de los indocumentados arrestados al cruzar la frontera ilegalmente y separarlos de los hijos en caso de viajar con ellos.
“Ni el envío de la Guardia Nacional, ni la amenaza de la separación familiar está disminuyendo el flujo migratorio. Las familias siguen llegando, migrantes que lo han dejado todo”, explica Williams.
Solamente en las últimas semanas, más de 80 familias en su mayoría provenientes de El Salvador y Guatemala se han presentado en el puerto de entrada de la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona, para solicitar asilo político.
Muchas de ellas siguen esperando que el Gobierno federal les permita presentar su caso de asilo político, por lo que han acampado a las afueras de la garita.
Margo Cowan, abogada de inmigración que se reunió con varias de estas familias, lamenta que se esté “criminalizando” al inmigrante como una táctica intimidatoria.
“El Gobierno federal no está capacitado para cuidar de niños inmigrantes. Debemos estar muy atentos a lo que pasa dentro de estos albergues”, advierte.
Por su parte, la Administración Trump cree que las cifras de mayo demuestran que es “necesaria” su política de “tolerancia cero”.
Esta medida ha sido duramente criticada e incluso el juez federal Dana Sabraw consideró este miércoles que, en caso que fuera cierto que el Gobierno separa a familias que piden asilo a su llegada a la frontera, sería una conducta “brutal y ofensiva y no concuerda con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia”.
En mayo, 14.203 familias fueron detenidas y 7.235 menores que iban sin la compañía de un adulto fueron arrestados en la frontera, mientras que los casos de unidades familiares y menores que se presentaron en un puerto de entrada ascendieron a 4.718 y 830, respectivamente.
“Es inhumano que les arranquen de las manos a sus hijos a las madres, eso no está dentro de nuestros valores”, dice Pimentel.
La directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande denuncia además que hay padres que están siendo procesados y deportados sin saber qué ha pasado con sus hijos.
La política de “tolerancia cero” ha supuesto un incremento del 23 % en el numero de niños inmigrantes que se encuentran bajo la custodia del Gobierno federal.
De acuerdo con recientes cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hasta finales de mes pasado tenían a 10.773 niños inmigrantes bajo su custodia, mientras que un mes antes esa cifra era de 8.886.
Los menores se encuentran distribuidos en 100 albergues a través de todo el país en 14 diferentes estados.
Aunque se desconoce cuántos de estos niños han sido separados por la fuerza de sus padres bajo la nueva política, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconoció que unos 650 niños han sido separados del familiar con el que viajaban entre el 6 y 19 de mayo bajo la nueva política de “tolerancia cero”.