DENVER, CO.- La Alcaldía de Denver proveerá fondos y asistencia técnica a organizaciones no lucrativas locales que capaciten a abogados para representar sin costo a inmigrantes o refugiados, sin antecedentes criminales, con orden de deportación, incluyendo a “soñadores”.
Para proteger el proceso judicial de esos inmigrantes, especialmente aquellos con orden de deportación, pero sin haber cometido crímenes, Denver ha creado un fondo de 200,000 dólares provenientes de la cuenta general de la ciudad; 50,000 dólares del presupuesto local de ayuda comunitaria, y las contribuciones de dos organizaciones locales: 5,000 dólares de la Fundación Denver y 30,000 dólares de la Fundación Comunitaria Rose.
También por primera vez se cuenta con un subsidio nacional, 100,000 dólares otorgados por el Instituto Vera de la Red de Ciudades Seguras y Equitativas para Todos (SAFE Cities, en inglés). “La comunidad inmigrante de Denver desempeña un papel vital en nuestra ciudad. Estos fondos expandirán nuestra habilidad de cumplir con nuestra misión básica de proteger a las familias y a los niños de Denver”, anunció alcalde Michael Hancock.
“Valoramos profundamente (…) la inclusión, aceptación y oportunidad. Estos fondos promoverán procedimientos legales debidos y acceso a justicia para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, expresó el político.
Los fondos quedarán a cargo de la Fundación Denver, quien, con la guía de un comité asesor, los distribuirá entre grupos locales dedicados a “desarrollar la capacidad de expandir la red de abogados pro bono o a precios reducidos que sirven a inmigrantes, incluyendo los talleres de asuntos legales”.
Según la información oficial obtenida, la ayuda legal se enfocará en “defensa contra procedimientos de remoción” y aceptará casos de los beneficiados por la Ley de Acción Diferida (DACA), estatus especial para inmigrantes juveniles (SIJS), asilo, visas U y visas T, y las personas amparadas por la Ley de Violencia Contra Mujeres (VAWA).
Además, se aceptarán casos de naturalización.
“El Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes de Denver llega en un momento crítico”, dijo a Efe Jamie Torres, subdirectora de la Agencia de Derechos Humanos y Relaciones Comunitarias de Denver y directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de esta ciudad.
“No podemos sentarnos de brazos cruzados mientras vemos que las familias son separadas y que sólo aquellos que pueden pagar un abogado cuentan con representación legal en las cortes de inmigración”, agregó.
Torres enfatizó que la nueva medida “no es una panacea para un sistema inmigratorio inoperante”, sino sólo “una manera de traer algo de justicia y alivio a nuestros residentes”.
Denver y en general Colorado han visto un aumento de arrestos de inmigrantes durante el último año, coincidiendo con las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, aunque ese aumento no fue tan marcado como en el resto del país.
Según datos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante el año fiscal 2017 los arrestos de inmigrantes en Denver fueron un 20 % superiores al año anterior, comparado con un 40 % de aumento a nivel nacional.
El nuevo fondo es el resultado de meses de negociaciones entre el alcalde Hancock y dos concejales locales, Paul López y Robin Kniech, que insistieron en la necesidad de crear programas de protección para inmigrantes y refugiados en la capital de Colorado.
La meta, aclaró el concejal López, no es “decidir quién se queda o quién se va”, sino que los inmigrantes elegibles cuenten con un abogado que los represente.
Para Kniech, esa representación legal es necesaria porque muchos inmigrantes que carecen de abogados tienen “bases sólidas” para permanecer en el país, y porque con la ayuda los inmigrantes se evitan “innecesarias interrupciones en nuestra economía local”.
Hancock resaltó que el nuevo fondo es sólo “una de las varias medidas” aprobadas en Denver a favor de inmigrantes y refugiados, junto a nuevas leyes contra crímenes de odio, cambios en las leyes municipales de sentencias para evitar deportaciones por delitos menores y nuevos procedimientos judiciales por correo.
Reiteró que Denver es una “ciudad santuario” en el sentido de ser “un santuario para aquellos que trabajan con esmero y que contribuyen a esta gran ciudad”.
Hancock expresó que se debe considerar a Denver como “una ciudad abierta y receptiva que protege la seguridad y el éxito de todos y cada uno de sus habitantes”.
Según datos del Buró del Censo, el 16 % de los 693,000 residentes en Denver, unas 110,000 personas, nació fuera del país, comparado con un 10 % de inmigrantes entre los 5,6 millones de habitantes en Colorado.
Según estimados del Pew Research Center, poco más de la cuarta parte (26 %) de esos inmigrantes carecería de presencia legal en el país.