LOS ÁNGELES, CA.- Inmigrantes que son fáciles de expulsar del país se convirtieron en el blanco perfecto de la política de deportación de la Administración Trump, que se endurece cada día más, según advierte un estudio de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Los resultados de la investigación “El Engranaje en la Máquina de Deportación”, revelados hoy, muestran que las amenazas del mandatario republicano contra los indocumentados se están cumpliendo y crecen exponencialmente ante la mirada atónita de los defensores de los inmigrantes y del propio Congreso.
El estudio encontró que la política de la actual Administración abarca casi la totalidad de los inmigrantes y está desarmando poco a poco las protecciones para convertirlos en un blanco fácil para la deportación, como en el caso de los amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecido en 2012, y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados de catástrofes naturales y guerras civiles.
“Los ejemplos citados en el informe muestran una imagen clara del caos y el temor que estas políticas han engendrado, y cómo están perjudicando a las familias, negocios y comunidades estadounidenses”, alertó la presidenta de AILA, Annaluisa Padilla.
Aunque el tema de los denominados “soñadores” y de los beneficiados con el TPS ha ganado visibilidad en los últimos meses, Kate Voigt, directora asociada de Relaciones Gubernamentales de AILA y editora en jefe del informe, recalcó que la idea de regresar “a las sombras” a casi un millón de inmigrantes no la tuvo ninguno de los últimos gobiernos, incluso los gobiernos más conservadores.
Otro grupo vulnerable de indocumentados respaldado por las anteriores administraciones y que está protegido por las leyes actuales, pero marcado entre en los objetivos del gobierno de Trump, son las víctimas de crímenes.
Una encuesta realizada entre abogados que representan a estos inmigrantes reportó que cerca del 75% de afectados no quiere reconocer los crímenes de los que fueron víctimas por temor a Inmigración.
Grace Huang, vocera del Instituto Asiático del Pacífico para Violencia de Género en el estado de Washington, calificó como “devastador” el reporte entregado por consejeros legales en 46 estados y en la capital estadounidense.
“Tres de cada cuatro clientes tienen miedo de ir a la corte, incluso si el crimen es relacionado con delitos sexuales o violencia doméstica. Esto es un retroceso de 20 años de trabajo”, indicó.
Un 46 % de las víctimas decide abandonar casos civiles o criminales que ya se estaban procesando.
Huang sabe que el miedo no es infundado y cita el caso de Wilson Rodríguez, de 32 años y residente del estado de Washington, que terminó en manos de Inmigración después de reportar que un sospechoso había tratado de ingresar a su casa.
En el engranaje perfecto de la “máquina de deportación” establecida por el presidente Trump, AILA destaca cómo la administración anuló casi de cuajo la discreción procesal, así como el cierre administrativo de los casos de deportación, herramientas utilizadas en el pasado para desestimar casos de inmigrantes que no representan una amenaza para el país.
La presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales, y arrestos en las propias cortes, muestran que el gobierno no pretende dejar lugar donde los indocumentados puedan refugiarse.
Las órdenes de endurecer las políticas inmigratorias y el retroceso del trato humanitario también llegaron a la Patrulla Fronteriza (CBP), que está filtrando los casos de asilo político, e incluso se está persiguiendo a representantes de menores que llegan solos al país.
La investigación también reveló que la Administración no pretende detener la arremetida y que ahora que tiene montado el engranaje necesita aumentar el gasto para cumplir con sus metas.
Voigt resaltó que para “alimentar el apetito sin fin del gobierno” éste necesita aumentar sobremanera el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna (DHS), del que depende ICE y la Patrulla Fronteriza, entre otras entidades.
El gobierno ha solicitado para 2019 recursos para financiar otras 52.000 camas en los centros de detención de Inmigración, contratar 2.000 agentes adicionales de ICE y 750 más para patrullar la frontera. Esto sin contar el dinero que necesita para el controvertido muro.
“Si (el Congreso) acepta las demandas del presidente, serán cómplices en su plan de deportación masiva”, vaticinó Voigt.
Dentro de las recomendaciones del estudio, AILA solicitó al Congreso mantener una visión global del ataque de la administración contra la comunidad inmigrante y exigir al gobierno que cambie la política, además de no aprobar incremento en el presupuesto del DHS. “Estados Unidos necesita una aplicación sensata de la inmigración que sea responsable ante el público y la Constitución”, concluyó el informe.