WASHINGTON, DC.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presuntamente usó estrategias coercitivas contra los padres de familias separadas en la frontera con México en los últimos meses para que rechazaran solicitar su derecho a asilo, según una demanda presentada hoy por grupos pro-inmigrantes.
La Asociación de Abogados de Inmigración (AILA), el Consejo de Inmigración de EE.UU. (AIC) y la Campaña de Justicia en Inmigración (IJC) presentaron una demanda en representación de trece padres que fueron separados de sus hijos y luego “sujetos a coacción extrema mientras estaban bajo la custodia del Gobierno”, de acuerdo al texto judicial, al que tuvo acceso Efe.
“Este es un esfuerzo sistemático e intencional para alejar a hijos de sus padres y retenerlos como rehenes para sabotear su derecho a solicitar asilo en EE.UU. y luego utilizar a estos niños como una amenaza para otros padres que intentan venir aquí”, señaló el director ejecutivo de AILA, Ben Johnson, en una conferencia de prensa telefónica.
La querella, expuesta ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina por los Derechos y Libertades Civiles (CRCL), contiene trece ejemplos de testimonios de padres que muestran una práctica “generalizada e ilegal” por parte de los agentes migratorios.
Para la abogada jefe de la IJC, Katie Shepherd, que también participó en la conferencia, el uso de tácticas de “extrema presión” por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” se llevó a cabo contra una parte de la población “muy vulnerable”.
“El Gobierno no solo creó una política que ha separado a miles de niños de sus padres a miles de kilómetros de distancia sino que, además, los padres sufrieron coerción y firmaron documentos que no entendían, renunciando a sus derechos legales, incluyendo el de ser reunificado con sus hijos”, criticó Shepherd.
En este sentido, la coalición lamentó en la demanda que las “graves violaciones del debido proceso”, presuntamente cometidas por funcionarios del Gobierno “cuestionan la validez e imparcialidad de las determinaciones legales hechas por funcionarios de la CPB y del ICE”.
“Este tipo de abuso solo es posible porque nuestro sistema migratorio no tiene el correcto mecanismo para proteger a los más vulnerables. Por ejemplo, las cortes de inmigración operan bajo el control del fiscal general, no son independientes”, aseguró Johnson, de la AILA.
Una de las activistas que colaboraron en la llamada, la también abogada Shalyn Flutharty, del Proyecto Pro Bono Dilley, rememoró emocionada como varias madres le han explicado que “fueron tratadas como perras, siendo encerradas en jaulas”.
“Más allá de este pésimo trato, de lo que las madres tienen más malos recuerdos es del momento en el que fueron separadas de sus hijas. (…) Muchas veces, sin previo aviso y sin poder despedirse”, continuó Flutharty.
La separación de familias es fruto de la política de “tolerancia cero” que comenzó a aplicar oficialmente en abril el Ejecutivo y que ha llevado a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente, lo que originó la separación de los niños de sus padres, puesto que ellos no podían ser privados de libertad.
El Gobierno mantiene aún bajo su custodia a más de 500 niños indocumentados separados de sus padres en la frontera, 24 de ellos menores de cinco años, de acuerdo a un informe entregado en una corte federal de San Diego (California) hace una semana.