LOS ÁNGELES, CA.- Activistas de Los Ángeles iniciaron hoy una campaña para que políticos y autoridades policiales locales se unan a una “mesa de negociaciones” para que se cumpla la “Orden Especial 40”, que desde 1979 prohíbe a los agentes angelinos indagar sobre el estatus legal de las personas que arrestan.
“La policía asegura que acata la Orden Especial 40, pero participan en tareas conjuntas con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) u otras agencias federales, que, cuando no encuentran a la persona que buscan, detienen y deportan a todo indocumentado que encuentran”, dijo a Efe Crisell Rodríguez, vocera de la Alianza por la Justicia para Jóvenes Inmigrantes de California.
“LAPD con el ICE se llevan muchos que podrían calificar para visas humanitarias u otro alivio”, argumentó.
Rodríguez reveló que debido a la actual política migratoria del Gobierno federal varios policías comunitarios locales les han expresado su deseo de “actualizar” esta medida, que el Concejo de Los Ángeles aprobó en 1979 para lograr que los residentes sientan confianza de reportar crímenes a las autoridades.
Para lograr esta “actualización”, la Coalición ICE Fuera de Los Ángeles, compuesta por más de 40 organizaciones, convocó a sus miembros a iniciar hoy una campaña de llamadas telefónicas y mensajes por redes sociales a líderes de la urbe angelina.
“Queremos dejarle saber al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y al jefe de policía, Charlie Beck, que queremos que el proceso de actualizar la Orden Especial 40 sea abierto e inclusivo”, dijo a Efe Teresa Borden, portavoz de la organización comunitaria Highland Park Indivisible.
“Si la Policía de Los Ángeles continúa colaborando con ICE que deporta a todo el indocumentado que encuentra, entonces esa declaratoria que hizo el alcalde en septiembre de que Los Ángeles es ciudad santuario, se queda sólo en lo simbólico”, criticó.
La líder comunitaria considera que los concejales angelinos, que “representan al pueblo”, también deberían ser parte de la mesa de diálogo, a la que se deberían sentar además la policía, ciudadanos y líderes de organizaciones que abogan por los derechos de los indocumentados.
Borden indicó que gran parte de la ciudadanía angelina no quiere que sus familiares o amigos, a la espera de una reforma migratoria para 11 millones de indocumentados en EE.UU, sean deportados “sin razón alguna” o “infracciones excarcelables” con intercesión de abogados.