Inmigración

Activistas y legisladores denuncian no acceder a los centros de detención en EE.UU.

centros de detención CBP

Vista del interior del Centro de Internamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en McAllen, Texas lo que ha generado multitud de protestas. Entretanto, en centros de detención de Arizona se denuncian maltratos consecutivos que se piden investigar. La demora en la entrega de varios menores ha generado nueva demanda contra la administración de Donald Trump. Foto Archivo EFE/ CBP

GINEBRA.- Legisladores del estado de Arizona (Estados Unidos) y defensores de los derechos de los indígenas denunciaron hoy que no se les ha permitido el acceso a los centros de detención de migrantes en la frontera sur del país para evaluar sus condiciones de vida en ellos.

Wenona Benally y Eric Descheenie, miembros del Legislativo de Arizona, hicieron estas afirmaciones y denunciaron también que solo el gobernador estatal, “simpatizante de la Administración (del presidente estadounidense Donald) Trump”, ha podido acceder a tales instalaciones.

Estos representantes se encontraban en Ginebra para participar en la undécima sesión del Mecanismo de Expertos en Derechos de las Personas Indígenas, que se reúne esta semana en la sede europea de Naciones Unidas.

Asimismo, la líder de la comunidad Xicana-Kickapoo, Rosalee González, mostró su preocupación por los problemas que afrontan los inmigrantes, como las barreras lingüísticas, especialmente los procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, ya que muchos no hablan ni español ni inglés.

González aseguró que a día de hoy las cuestiones lingüísticas entorpecen el 50 % de los procedimientos judiciales en Arizona, mientras que hace diez años representaban el 10 %.

Los líderes señalaron que cuánto más al sur está el origen de los migrantes más difícil es encontrar intérpretes, por lo que esta cuestión está demorando la resolución de los casos y la reunificación de familias.

Por otro lado, Benally destacó que también existen importantes barreras económicas que impiden a muchas familias “luchar por sus derechos a través del sistema judicial estadounidense”.

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