LOS ÁNGELES, CA.- El veto del gobernador de California, Jerry Brown, a dos leyes que hubieran favorecido a los indocumentados que viven en el estado motivó hoy críticas de organizaciones pro inmigrantes.
Brown vetó la ley SB349 que prohibía a las autoridades de inmigración arrestar personas indocumentadas dentro de los edificios de las Cortes, así como la ley SB174 que hubiera permitido a los indocumentados, a quienes definía como “ciudadanos del estado”, formar parte de juntas y comisiones estatales.
Ambas leyes fueron propuestas por el senador Ricardo Lara, demócrata del Distrito 33 y en una de ellas colaboró activamente la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“CHIRLA fue una de las organizaciones que impulsó la SB349 que consideramos muy importante pues aseguraba que las personas no tuvieran miedo de ir a las Cortes y arreglar sus problemas”, dijo hoy a Efe Joseph Villela, director de Políticas de la Coalición.
En su mensaje de veto, el gobernador señaló que apoya la “intención subyacente” de esta medida pero le preocupa que “pueda tener consecuencias no buscadas”.
Brown recordó que el año pasado firmó la SB54 que declara a California Estado Santuario para indocumentados y ordena elaborar guías para restringir la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de migración, incluyendo las Cortes y otras instalaciones públicas.
“Estamos descontentos y en desacuerdo con la decisión del gobernador (sobre la ley SB349). Pensamos que la SB54 no es suficiente, pues fue enmendada para su aprobación el año pasado y por eso impulsamos esta nueva ley este año”, dijo Villela.
Sobre el veto a la SB174, Brown argumentó que “la medida hubiera abierto todas las juntas y comisiones a los no ciudadanos. Creo que las leyes existentes, que requieren la ciudadanía para estas formas de servicio público, son el mejor camino”.
“Esta ley hubiera seguido avanzando una agenda pro inmigrante y estaba pensada especialmente para que aquellos estudiantes que no tienen documentos se integraran a sus comunidades, y se perdió esa oportunidad”, criticó el representante de CHIRLA.
Villela prometió que la acción activista ahora se enfocará en trabajar conjuntamente con la fiscalía estatal para que rápidamente se establezcan las guías ordenadas por la SB54 para proteger a los indocumentados de los arrestos dentro de los edificios de las Cortes.
Un análisis del Instituto de Política Pública de California basado en los datos disponibles más recientes, calculó que en 2014 en California vivían entre 2,35 y 2,6 millones de inmigrantes indocumentados, lo que representa cerca de una cuarta parte del total del país.