AUSTIN, TX.- Diversas organizaciones y abogados expertos en asuntos migratorios aseguraron hoy que la política de “tolerancia cero” adoptada por el Gobierno de Donald Trump está provocando que los inmigrantes, que huyen de la violencia en sus países, sean tratados como “criminales”.
La entrada en vigor de las nuevas medidas en materia de inmigración generaron en las últimas semanas un aumento de las redadas, los juicios masivos y las separaciones familiares, en especial en el área fronteriza con México.
Por ello, la directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Astrid Domínguez, asevera que la zona vive una “crisis creada por el propio Gobierno” que, con sus acciones, trata de “atemorizar” a las personas.
“La gente huye de la violencia o de las malas condiciones de sus países de origen para tener una vida mejor y ahora nosotros les estamos metiendo en la cárcel”, denunció Domínguez en una entrevista con la Agencia Efe.
Esta misma semana, la Administración Trump anunció que transferirá a cerca de 1.600 indocumentados a cárceles federales por falta de espacio en los centros de detención para inmigrantes.
Un hecho que según la activista es una consecuencia provocada “directamente” por la decisión gubernamental de aplicar cargos delictivos a todas las personas que entran en el país sin documentación.
La responsable de ACLU ahondó en la relevancia de esta medida, puesto que se suma a la separación familiar en la frontera, donde los niños que llegan con sus padres son enviados a albergues o centros de acogida, mientras sus progenitores hacen frente a un juicio.
Sin embargo, muchos inmigrantes reclaman que tras la separación, ninguna institución les explica dónde se encuentran sus hijos, perdiendo así su rastro y haciendo “casi imposible” la reunificación familiar posterior, que en el mejor de los casos ocurre tres meses después.
Según cifras oficiales, al menos 1.000 niños han sido apartados de sus padres desde mediados del mes de mayo.
“Quiero resaltar que ellos llegan con sus familias y está administración los está separando, dejándolos solos; es una crisis creada por ellos mismos, que cuando dicen que hay un aumento de niños no acompañados que llegan a la frontera no es real, esos menores llegaron con sus papás”, argumenta Dominguez.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene en su informe mensual sobre inmigración que en mayo se contabilizaron 51.912 pasos ilegales en la frontera con México, de los cuales 14.203 fueron familias y, además, según su estadística, arrestaron a 7.235 niños sin acompañante adulto.
En este sentido, la directora ejecutiva adjunta de la asociación “United We Dream”, Greissa Martínez, afirma que la comunidad inmigrante necesita “protección urgente” por parte de las autoridades y no un incremento de “las redadas masivas y las deportaciones”.
“Todas estas acciones son acciones de terror, nosotros somos muy vulnerables por las decisiones tomadas por los republicanos en el Congreso”, explicó durante una conferencia de prensa.
Martínez, que también es beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), manifestó que los inmigrantes sienten que “les mueven como mercancía” y que su situación es límite debido a las disputas políticas en la Cámara de Representantes.
Por su parte, el director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados Migratorios, Greg Chen, reforzó el apoyo a “todos los inmigrantes que llevan años en el país aportando cosas positivas a la sociedad”.
Chen mostró su disconformidad ante el plan de la Administración Trump en inmigración, que en su opinión, es uno de los “más extremos y restrictivos” de la época moderna de Estados Unidos.
A pesar de ello, el abogado recordó que todavía hay motivos que abren la puerta a revertir la situación, gracias, sobre todo, a la actuación de las instituciones locales y al bloqueo en el Senado a ciertas medidas en relación a la cuestión fronteriza.
En esta línea, el pasado febrero el Senado rechazó dos propuestas que afectaban al bienestar de la comunidad migratoria, como eran la enmienda que limitaba los fondos federales en las “ciudades santuario” y otra que incluía una protección para los “soñadores” a cambio más dinero para el muro, nuevos límites para la reunificación familiar y el fin de la lotería de visas.
La primera de ellas obtuvo un resultado de 54 votos en contra por 45 a favor, mientras que en la segunda la decisión final para su rechazo se fijó en 60-39.