CHICAGO. -La Unión de Libertades Civiles (ACLU) pidió hoy al alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y al Concejo Municipal que se fortalezca la ordenanza de santuario que rige desde hace 34 años para que “todos los inmigrantes, sin excepción”, sean protegidos.
La carta, que firma la abogada Rebecca K. Glenberg, señala que existen actualmente algunos vacíos legales que permiten la cooperación del Departamento de Policía de Chicago con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), a pesar de la protección ofrecida a los indocumentados por el santuario.
Se destaca una base de datos sobre pandilleros, que permite la identificación de potenciales candidatos a la deportación y que, según ACLU, contiene “errores notorios”.
No está claro el criterio para que alguien sea incluido en la lista, y cuando esto ocurre las personas no lo saben y no tienen oportunidad de disputarlo, señala la carta.
La Policía también colabora con ICE cuando detiene a personas que son buscadas por delitos que han cometido, tienen antecedentes penales o tienen pendiente una orden judicial de captura.
Según la carta, en la actualidad hay 41.000 órdenes de detención pendientes en el condado de Cook, el mayor de Illinois y donde se asienta Chicago, y más de la mitad fueron emitidas hace por lo menos diez años.
En su mayoría, las órdenes fueron motivadas por “violaciones técnicas de la libertad condicional o supervisada”, y no se trata de acusaciones nuevas.
Según ACLU, el Departamento de Policía de Chicago ya dispone de “muchas herramientas” para detener a personas que sean consideradas una amenaza real para el público, “sean o no inmigrantes”.
Con los vacíos legales, que concejales hispanos y activistas han buscado eliminar sin éxito durante el último año, se cometerían errores que dificultan cada vez más la confianza y cooperación de las comunidades inmigrantes con la Policía, señala la carta.
Chicago, una ciudad donde se estima viven unos 183.000 indocumentados, cuenta desde 1983 con una ordenanza de santuario que está siendo minada por las “excepciones” que, según ACLU, pueden ser corregidas fácilmente.