SAN DIEGO, CA.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que disputará algunos casos de padres inmigrantes a los que se les negó la reunificación con sus hijos debido a su historial criminal.
De acuerdo con el reporte semanal del 6 de septiembre en una corte federal de San Diego, California, los abogados de ACLU adelantaron que en dos casos en los que el Gobierno denegó la reunión familiar por antecedentes solicitarán una resolución, por la edad de los menores y el poco progreso de la evaluación posterior.
En el documento entregado hoy y preparado tanto por los abogados del Gobierno federal como por los de ACLU, organización que interpuso una demanda por la separación de familias indocumentadas en la frontera a causa de la política de “cero tolerancia”, se informó de la reunión con sus padres de 2.181 de los 2.654 menores afectados.
La nueva cifra representa 24 niños más que han sido entregados a sus padres respecto a la semana anterior.
De los 416 menores que continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), 31 son hijos de inmigrantes sobre los que el Gobierno ha encontrado un factor de riesgo, ya sea porque hay un historial delictivo en alguno de los padres o no son aptos de recibir al menor.
Los abogados del Gobierno entregarán una relación de esos casos en suspenso y sujetos de mayor análisis antes de la audiencia semanal de seguimiento, que se celebra cada viernes y es encabezada por el juez Dana Sabraw, que como consecuencia de la demanda de ACLU ordenó el pasado junio la reunificación de las familias separadas en la frontera con México.
En el documento del jueves, ACLU adelantó que disputarán el caso de un menor de cuatro años de edad (tres al momento de ser separado), debido a que su madre fue privada de su derecho de reunificación por una orden de arresto en el exterior a causa de presuntamente pertenecer a una pandilla.
La madre ha negado dicha acusación e incluso, según ACLU, un juez de inmigración ha dicho que tal orden no era evidencia suficiente para determinar que representaba un peligro para la comunidad.
“Este menor está sufriendo mucho en detención y en particular está en riesgo de un daño grave e irreparable”, consideraron los abogados de ACLU.
El segundo caso corresponde a un padre separado de su hijo de dos años y a quien se le negó la reunificación a causa de dudas sobre su parentesco, aunque luego el Gobierno, dice ACLU, señaló que no era elegible por un antecedente criminal que data de 2010.
El Gobierno dijo hoy que si hay desacuerdo, “los demandantes pueden presentar los casos de aquellos individuos que consideren fueron excluidos erróneamente ante la corte para su resolución”.
La administración debe cumplir aun con la reunión de 304 niños, 6 de ellos menores de cinco años, con sus padres deportados.
Los abogados del Gobierno afirman que hay 53 casos en los que los padres han accedido a que el menor sea enviado a su país de origen, entre ellos 20 que ya cuentan con una orden de salida voluntaria.
Además, se informó que 109 padres han renunciado a su derecho de reunificación y han optado a que el menor sea entregado a un familiar o tutor en Estados Unidos.
ACLU quiere asegurarse de que en esos casos los progenitores han comprendido la magnitud de su decisión.