SAN DIEGO, CA.- El Gobierno ha determinado que más de 200 niños que continúan bajo su cuidado tras haber sido separados de sus familiares en la frontera no serán reunificados con sus padres, mayormente porque éstos renunciaron a dicho derecho, según un reporte entregado hoy a la corte federal del sur de California.
La Administración Trump enumeró los motivos para excluir a los hijos de 226 padres que forman parte de una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), bajo la cual se obligó al Gobierno a reunificar a cientos de familias afectadas por la política de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular.
De dicho número, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) encontraron que 55 niños no fueron separados de sus padres, 28 son de progenitores que se encuentran en Estados Unidos y renunciaron a su derecho de reunificación, 29 son de padres catalogados como no aptos para recibir al menor y 114 son de padres deportados que han notificado la no reunificación.
Asimismo, el Gobierno federal informó a la corte que han reunido a 2.217 de los 2.654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera, por lo que el proceso continúa para 211 infantes, seis de ellos menores de cinco años.
Los niños cuyos padres han renunciado a dicho derecho podrán ser entregados a otros familiares o tutores.
En el caso de los padres que han sido deportados, muchos de ellos han preferido renunciar a sus hijos en lugar de exponerlos a las condiciones de violencia que aquejan a sus países de origen, señalaron abogados de la ACLU.
Los mismos juristas dicen haberse reunido con representantes del Gobierno para solicitar una explicación sobre las familias que fueron removidas de la lista.
Por otro lado, un comité designado por la propia ACLU continúa la tarea de localizar a cientos de padres que fueron deportados sin sus hijos para que conozcan sus opciones.
Durante la última audiencia, el juez Dana Sabraw pidió a los abogados de la organización de derechos civiles que presentaran recomendaciones sobre cómo el gobierno puede hacer un mejor uso de sus recursos para apoyar en dicha labor.
En el reporte semanal, la ACLU sugirió que se coloquen anuncios públicos en los países de origen.
También, dijeron haber comprobado que muchos padres han tenido miedo de contestar llamadas telefónicas provenientes de Estados Unidos, por lo que han pedido que se les entreguen dichos contactos para que sea el propio comité quien los busque.